El juez federal Alvin K. Hellerstein emitió una orden de protección que regula el uso de las pruebas en la causa penal contra el depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La decisión judicial impone directrices severas a la Fiscalía para clasificar el material probatorio según su grado de sensibilidad. Los abogados de la defensa recibirán la información bajo condiciones de estricta confidencialidad para resguardar la privacidad de los involucrados.
Restricciones sobre archivos digitales y clasificación del material
El fallo judicial establece que el conjunto de evidencias no puede ser difundido en redes sociales, medios de comunicación o plataformas digitales. La medida abarca información extraída de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos incautados a los procesados mediante órdenes judiciales. El tribunal clasificó estos elementos como material APO, lo cual autoriza el manejo exclusivo a los abogados defensores y su equipo legal.
Alcance del dictamen y fecha de inicio del juicio penal
El dictamen judicial mantendrá su vigencia incluso después de que concluya el juicio penal en los tribunales estadounidenses. Maduro y Flores enfrentan acusaciones por presuntos delitos de narcotráfico y narcoterrorismo en la ciudad de Nueva York. La defensa de los procesados solicitó la desestimación del caso alegando inmunidad soberana, mientras el tribunal fijó el inicio del juicio para junio de 2027. Estas restricciones a las evidencias coinciden con las directrices judiciales expuestas cuando Juez en EE. UU. emite orden de protección sobre pruebas en el juicio contra Nicolás Maduro para evitar filtraciones informativas.
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