Jerusalén, 30 de marzo de 2026 – El Parlamento israelí (Knéset) aprobó este lunes en tercera y definitiva lectura una ley que establece la pena de muerte como castigo predeterminado para quienes sean condenados por causar intencionalmente la muerte de ciudadanos o residentes israelíes en actos calificados como terrorismo. La medida, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, del partido ultraderechista Otzma Yehudit, ha sido presentada como una respuesta al trauma nacional causado por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.
La ley fue aprobada por 62 votos a favor y 48 en contra, con el apoyo del primer ministro Benjamin Netanyahu. Según su texto, los tribunales militares en Cisjordania impondrán la pena capital —mediante ahorcamiento— de forma predeterminada a quienes sean condenados por “causar la muerte de un ciudadano israelí por motivos de racismo, hostilidad hacia la población o con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel”.
Detalles de la Ley
La ejecución deberá llevarse a cabo en un plazo de 90 días, prorrogable hasta 180. La normativa también contempla la aplicación de la pena de muerte en tribunales civiles para cualquier persona —incluidos ciudadanos israelíes— condenada por delitos similares, aunque en estos casos el juez tiene mayor discrecionalidad para optar por cadena perpetua y los criterios de motivación (especialmente el intento de “negar la existencia del Estado de Israel”) son más estrictos.
El ataque del 7 de octubre de 2023, en el que militantes de Hamás y otros grupos irrumpieron en comunidades israelíes cercanas a Gaza, causó la muerte de unas 1.200 personas —en su mayoría civiles— y el secuestro de 251 rehenes. Aquellos hechos han impulsado demandas de endurecimiento penal. Aunque la nueva ley no afecta de forma retroactiva a los detenidos por aquellos eventos, existe un proyecto paralelo para crear un tribunal militar especial que sí podría juzgar a los participantes de la masacre y permitir sentencias de muerte.
Ben-Gvir celebró la aprobación como “una ley histórica” y “una señal de fuerza y orgullo nacional”. “A partir de hoy, cada terrorista sabrá que, si mata a un judío, pagará con su vida”, declaró. Para sus defensores, la medida actúa como disuasión necesaria ante la ola de atentados. Y refleja el sentir mayoritario de la opinión pública judía israelí. Diversas encuestas en Israel ha mostrado un apoyo significativo a la pena de muerte para terroristas convictos de asesinato.
Críticas y preocupaciones internacionales
La ley ha generado duras críticas tanto dentro como fuera de Israel. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional la han calificado de “discriminatoria por diseño” e “inhumana”. Argumentando que consolida un sistema de justicia con dos marcos diferenciados según el tipo de tribunal y que podría legitimar ejecuciones masivas contra palestinos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha instado a Israel a reconsiderarla. La consideran contraria a las normas internacionales. Otros críticos argumentan que, en la práctica, la ley se aplicará principalmente contra palestinos juzgados en tribunales militares.
Desde el lado palestino, se ha denunciado que la iniciativa busca endurecer el castigo de forma desproporcionada contra detenidos palestinos, especialmente miembros de las Brigadas Al Qasam de Hamás capturados tras el 7 de octubre. Organizaciones palestinas advierten que la medida podría agravar las tensiones.
En Israel, la oposición y algunos juristas han expresado reservas. El asesor jurídico del Gobierno se opuso en etapas previas de la tramitación. Diputados de centro-izquierda argumentaron que la pena de muerte no reducirá el terrorismo, podría complicar futuros intercambios de prisioneros y generar mártires. Israel abolió en la práctica la pena capital para delitos ordinarios tras el juicio a Adolf Eichmann en 1962. El caso Eichmann es el único caso de ejecución civil en la historia del Estado, aunque mantiene la posibilidad en casos de traición o genocidio.
Contexto más amplio
La aprobación se produce en un momento de relativa tregua en Gaza, tras más de dos años de guerra. La ley no resuelve el debate sobre la eficacia disuasoria de la pena capital. Muchos israelíes la apoyan por razones de justicia retributiva más que por convicción de que detenga futuros atentados.
Expertos legales indican que la implementación enfrentará desafíos, incluyendo posibles recursos judiciales ante el Tribunal Supremo israelí y la presión internacional. Mientras tanto, un proyecto separado para tribunales especiales dedicados al 7 de octubre sigue avanzando, lo que mantiene abierto el debate sobre si los autores directos de la masacre podrían eventualmente enfrentarse al cadalso.
La medida refleja el endurecimiento del clima político en Israel tras el trauma del 7 de octubre, donde la demanda de “seguridad máxima” y “justicia” ha ganado terreno frente a consideraciones humanitarias tradicionales. Queda por ver si la ley se traducirá en ejecuciones reales o si permanecerá como un instrumento simbólico en el arsenal legislativo contra el terrorismo.
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