Ipys registró 27 casos de procesos civiles y penales en contra de 37 trabajadores de la prensa durante la pandemia

Ipys registró 27 casos de procesos civiles y penales en contra de 37 trabajadores de la prensa durante la pandemia
Ipys registró 27 casos de procesos civiles y penales en contra de 37 trabajadores de la prensa durante la pandemia

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Caracas, 27 de agosto de 2021.-

El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys) documentó 27 casos de procesos civiles y penales contra 37 trabajadores de la prensa durante el 13 de marzo de 2020 al 31 de julio de 2021.

Solo en 2020 se registraron 15 casos de acciones legales contra periodistas, mientras que en lo que va de 2021, se han ejercido 12 de este tipo de incidencias.

Las acciones legales contra los periodistas se ejecutaron en al menos 12 entidades del territorio nacional. El área metropolitana de Caracas registró el más alto número de denuncias y procesos judiciales contra quienes ejercen su derecho a la información, según señala Ipys.

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Los señalamientos por delitos de odio fueron los más comunes dentro de las acciones legales contra la prensa en este tiempo. Destacó que 14 casos contemplaron alguna imputación por estos tipos de delitos que están contemplados en la normativa contra el odio y el Código Penal Venezolano.

Uno de los casos emblemáticos, fue el del politólogo Nicmer Evans, director de nuestro portal, quien estuvo detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) durante 49 días por supuesta “instigación al odio”.

Otro casos notorios fueron los de Darvinson Rojas, José Gregorio Galindo, Jorge Cortez, Otilio Rodríguez, Milagros Mata Gil, Juan Manuel Muñoz y Rafael Rattia.

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 María Luisa “Mimi” Arriaga y Marco Antoima, estuvieron bajo vigilancia policial durante 74 y 72 días respectivamente, hasta que recibieron un “indulto presidencial” que exoneró todo proceso y señalamiento por parte de las autoridades venezolanos el 31 de agosto.

Tanto en el caso de Evans como en el de Arriaga y Antoima, los señalamientos fueron por publicaciones o manejo de perfiles en redes sociales. Este mismo argumento sirvió para imputar al locutor José Gregorio Galindo por aparentemente usar cuentas anónimas en plataformas digitales para acusar a funcionarios públicos del estado Apure.

Tal como IPYS Venezuela ha referido en otras oportunidades, la normativa contra el odio se ha posicionado como una ley discriminatoria y de persecución, esta visión es compartida por el abogado Alí Daniels quien destacó que “la ley contra el odio es una ley contra la oposición, y no contra la oposición política, sino contra cualquier persona que no esté de acuerdo con el gobierno”.

Estas acciones legales son vistas con preocupación Ipys Venezuela ya que se evidencia como la prensa es perseguida por las autoridades estatales quienes se han valido de cualquier mecanismo, incluso el judicial, para silenciar las voces contrarias a sus intereses. Esta organización también reprocha la aplicación de medidas legales contra quienes ejercen el periodismo en el país, situación que ha aumentado en los últimos tiempos y que ha desencadenado en un ambiente de autocensura en la prensa, indica el reporte.

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