Caracas, 07 de febrero de 2022.- El abogado e internacionalista Carlos Lusverti aseguró que la situación de inseguridad en la frontera se ha agravado en los últimos meses, producto no solo de los grupos delincuenciales que operan en esas zonas, también por los conflictos armados entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Hay presencia de actores armados a ambos lados de la frontera, que ejercen un control al margen de las autoridades tanto venezolanas como colombianas, frente a lo cual en muchísimos casos las personas, las poblaciones civiles están desprotegidas. Junto con fenómenos de negocios ilícitos como el contrabando, que operan en la zona”.
En conversación con Maybert Pinto, para el programa Desencadenados por Punto de Corte, Lusverti explicó que los venezolanos que residen en los municipios fronterizos con Colombia no solo están en una situación de riesgo, debido al conflicto entre guerrillas, también el Estado les viola sus principios fundamentales al no garantizarles el resguardo y la seguridad a través de la contención de estos grupos armados irregulares.
“Entran en una situación de riesgo por los enfrentamientos en estos grupos, pero también por las mismas acciones violatorias de los derechos humanos, ya sea de parte de las autoridades, desde el punto de vista de la contención de estos elementos. Como también de parte de las acciones de estos mismos grupos”.
Lusverti aseguró que parte del problema en la frontera radica en la falta de reconocimiento de la Administración de Nicolás Maduro de la situación crítica de los derechos humanos en todo el país, “pero al mismo tiempo de atribuir las situaciones o las debilidades a otros elementos que no son realmente los que impactan”, como las sanciones.
“Cualquier acción para poder superarla pasa por poner los derechos humanos en el centro del debate y que Venezuela, en este caso (la Administración Central) haga sus mejores esfuerzos para aceptar la cooperación internacional, en particular de los mecanismos de derechos humanos para comenzar a cumplir sus obligaciones”.
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El internacionalista afirmó que la situación en la frontera colombo-venezolana no debe ser atendida con una lógica militar. Por el contrario, debe atenderse desde una lógica humanitaria en resguardo de la población civil, que es la más afectada por el conflicto.
“Es muy importante poner en el centro de la discusión los temas humanitarios. Estas personas son población civil que de acuerdo al derecho internacional humanitario (…) merece protección y merece respeto, tanto de parte de las autoridades formales, de los efectivos de la fuerza armada, como también los grupos irregulares están en la obligación de respetar los derechos de estas personas”.
Lusverti indicó que una vez que las familias venezolanas se desplazan a territorio colombiano en busca de resguardo deben ser atendidas como refugiados, “porque vienen huyendo de una situación de conflicto armado (…) esto viene agravar una situación de migración forzada, que ya estaba ocurriendo en Venezuela en el contexto de la emergencia humanitaria”.
El abogado explicó que tal y como lo dispone el derecho internacional, es el país receptor quién debe garantizarle protección y asistencia a las familias desplazadas, víctimas del conflicto.
“Esta protección y asistencia implica que sus derechos deben ser respetados, estas personas no deben ser afectadas, no deben ser retenidas indebidamente, no deben ser encarceladas, no deben ser víctimas de violencia. Las autoridades deben garantizar la protección de estas personas, por cuanto se trata de población civil que no participa en las situaciones de conflictividad que ocurre en la zona”.
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