Caracas, 31 de julio de 2019/.- En el Informe del primer semestre sobre la situación de los centros de detención preventiva en Venezuela, realizado por la ONG, Una Ventana a la Libertad, refleja que en los 203 calabozos policiales y militares monitoreados con capacidad para albergar a 3.734 personas, hay atrincherados 19.028 detenidos, lo que representa un hacinamiento del 509.58%
En el primer semestre de 2019 al menos 149 presos murieron en 204 centros de detención preventiva ubicados en 16 estados de Venezuela.
Entre enero y junio los investigadores que monitorean 203 comisarías policiales y militares en 15 regiones del país documentaron la muerte de 119 reclusos por diversas causas.
La convivencia de personas sanas con enfermas es una causa de contaminación permanente que está detrás de las 20 muertes por enfermedades, la mayoría prevenibles y curables.
La confrontación entre privados de libertad, aunado a la presencia de “pranes” que controlan algunos calabozos, facilita el alto número de personas muertas por enfrentamientos entre internos. Los muertos por fugas es una cifra preocupante, pues la mayoría son por armas de fuego durante el intento o en el proceso de recuperación de los fugados.
La muerte de 149 detenidos a lo largo del semestre es el colofón de esta sistemática violación de los Derechos Humanos de quienes, violentándoseles el debido proceso a que tienen derecho como establecen las normas nacionales e internacionales, en lugar de permanecer 48 horas en estos espacios, como establece la legislación venezolana, llegan a cumplir hasta tres años en calabozos policiales.
En el primer semestre de 2019 en Venezuela se vivió una etapa de movilizaciones sociales y políticas que fueron reprimidas y muchos manifestantes fueron detenidos, lo cual convirtió a los Centros de Detención Preventiva de las policías municipales, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en actores centrales para “depositar” a los venezolanos y venezolanas, hacinados, sin o con muy poca alimentación, violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes sobre las condiciones de reclusión, los convenios internacionales y cualquier norma que garantice los derechos humanos de aquellas personas privadas de libertad, señala la ONG Una Ventana a la Libertad.
Además el informe muestra cómo viven los presos por falta de luz y agua
Puede leer a continuación el Informe 1er Semestre de 2019
Puede leer en Punto de Corte:
Suscríbase a nuestro canal en Telegram a través de https://t.m/PuntoDeCorte
Estamos también en Twitter @Punto_deCorte, Facebook e Instagram WhatsAppTwitterFacebookTelegramCompartir
