Caracas, 22 de junio de 2018/.- Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicado hoy viernes señala que las autoridades venezolanas no han responsabilizado a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, entre las que se incluyen homicidios, el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura.
También refleja el grave impacto de la crisis económica y social que atraviesa el país por lo que se refiere a los derechos a la alimentación y a la salud.
Este nuevo informe documenta también los testimonios creíbles e impactantes sobre las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el curso de presuntas operaciones de lucha contra del crimen que se llevaron a cabo desde 2015 bajo la denominación de “Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)”.
De julio de 2015 a marzo de 2017, la Fiscalía General (Ministerio Público) registró la muerte de 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad durante las mencionadas operaciones.
“Los testimonios de las víctimas, cuestionaron si realmente las OLP tenían el objetivo de desarticular a los grupos delictivos”, señala el informe. “Un conjunto de elementos aparece indicar más bien que las OLP constituyeron un instrumento para que el Gobierno mostrara supuestos resultados con respecto a la reducción de la delincuencia.”
El informe también documenta la muerte de 39 reclusos en un centro de detención del estado de Amazonas, en 2017, y de siete miembros de un presunto grupo armado en Caracas, en 2018, en el curso de operaciones en que los agentes de seguridad utilizaron presuntamente fuerza excesiva.
“Las autoridades estatales no han investigado de manera oportuna y eficaz los casos de uso excesivo de la fuerza y de muertes de manifestantes tras la acción de las fuerzas de seguridad”, sostiene el documento. Varios familiares de las víctimas indicaron que “habían perdido la confianza en el sistema de justicia y que no esperaban que el Gobierno fuera a rendir cuentas de manera fehaciente sobre lo ocurrido”.
“El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, dijo Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Desde hace años se vienen menoscabando las salvaguardias y los equilibrios institucionales, así como el espacio democrático en Venezuela, lo que deja un escaso margen para hacer rendir cuentas al Estado. La impunidad debe terminar”, subraya
Debido a que el Gobierno de Venezuela no ha otorgado a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU el acceso al país, pese a las repetidas solicitudes cursadas, y habida cuenta de la gravedad y la naturaleza de las violaciones, el Alto Comisionado Zeid ha recomendado al Consejo de Derechos Humanos que se establezca una Comisión de Investigación sobre la situación en Venezuela.
“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia,” añadió Zeid.
Por otra parte, el informe señala que el Gobierno se ha negado a reconocer la magnitud de la crisis alimentaria del país, incumpliendo así su obligación en virtud de las normas internacionales de hacer todo lo posible para asegurar el ejercicio de los derechos a la salud y la alimentación. La información disponible da cuenta de un rápido incremento de la desnutrición infantil.
“Hay familias que se ven obligadas a buscar comida en los contenedores de basura. Según algunas estimaciones, el 87 por ciento de la población e Venezuela está afectada por la pobreza, y el 61,2 por ciento se encuentra en situación de pobreza extrema; 1,5 millones de personas han debido salir del país desde 2014”, dijo Zeid.
“La situación de derechos humanos de la población de Venezuela es sombría. Cuando una caja de pastillas para la hipertensión cuesta más que el salario mínimo mensual, y la fórmula de leche para bebés, más de dos meses de salario, pero protestar contra una situación tan desesperante puede llevar a la cárcel a quien protesta, la extrema injusticia de tales circunstancias se manifiesta con toda su violencia. Insto al Gobierno de Venezuela y a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas para evitar un mayor deterioro”, añadió.
Acceda al informe completo aquí: Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin
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