(Caracas, 18 de enero de 2018).- La Fundación Human Rights (HRF), condenó este miércoles la ejecución del ex CICPC y líder rebelde Óscar Pérez, y de las “nueve personas” que se encontraban con él, entre ellas “una mujer embarazada y un niño de 10 años”, revelan a través de su comunicado.
De acuerdo a Javier El-Hage, director jurídico de HRF: “Toda la evidencia disponible sugiere fuertemente que Pérez y sus acompañantes fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad a sangre fría como parte de una política pública sistemática determinada por Nicolás Maduro, según la cual las fuerzas armadas venezolanas tienen la orden de desoír cualquier expresión de rendición, y en vez de ello proceder a ejecutar sumariamente a cualquier prisionero”.
A continuación el comunicado íntegro:
Human Rights Foundation (HRF) condena el operativo destinado a ejecutar extrajudicialmente a Oscar Pérez, un exinspector de policía que se rebeló y levantó en armas en contra del régimen de Nicolás Maduro desde junio de 2017, y cuyo escondite fue encontrado y atacado el lunes. Aunque la información presentada por el gobierno de Venezuela ha sido confusa, tardía y poco confiable, y se ha producido bajo un clima de ausencia de medios de prensa independientes, el operativo habría ocasionado la muerte de unas nueve personas, al menos cinco de las cuales serían miembros del grupo de Pérez, y dos serían una mujer embarazada y un niño de 10 años que acompañaban al grupo de rebeldes.
A primeras horas del lunes 15 de enero, fuerzas de seguridad del estado acorralaron a Pérez y sus aliados en su escondite en el sector de El Junquito cerca de Caracas. Pese a que Pérez y miembros de su grupo repetidamente declararon su rendición, cientos de militares y policías del gobierno, incluido un grupo de paramilitares del Colectivo 23 de Enero, abrieron fuego con lanzagranadas antitanques y metralletas contra la casa donde se encontraban los miembros del grupo de Pérez. Durante el acorralamiento y posterior asalto, Pérez subió quince videos cortos a Instagram relatando los hechos para la opinión pública. En ellos, Pérez afirmó que representantes del gobierno le habían comunicado que “no iban a negociar” y que “la orden era matarlos”, y dejó mensajes de despedida para sus hijos y para el “pueblo venezolano”. A la vez, dejó un video donde él y sus compañeros gritaban su rendición, mientras su escondite recibía ráfagas de metralleta. La cadena internacional de noticias CNN fue la primera en reportar extraoficialmente que Pérez falleció en el asalto, ante el silencio del gobierno que duró más de 24 horas.
“Cuando Hugo Chávez orquestó un sangriento y fallido golpe de estado en 1992, fue tratado con dignidad por parte de un gobierno democrático que, respetando el debido proceso, lo sentenció a prisión, y posteriormente le otorgó un perdón presidencial e incluso le permitió postularse a la presidencia. El día de hoy, el régimen chavista ha ejecutado a un líder golpista que no había matado a nadie. Si faltaba alguna prueba de que Nicolás Maduro es un dictador despiadado, aquí está”, dijo Thor Halvorssen, presidente de HRF. “La ejecución sumaria y extrajudicial de Oscar Pérez demuestra la completa falta de honor y piedad del régimen de Maduro. Pérez se levantó en armas en contra de la dictadura venezolana, y aunque esta es una opción que HRF rechaza categóricamente, no existe duda alguna de que se le debía respetar el debido proceso y sus derechos fundamentales”.
Oscar Pérez se hizo conocer públicamente y se convirtió en un problema para el régimen en junio de 2017 luego de tomar un helicóptero de la policía y lanzar granadas sobre el techo del edificio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el centro de Caracas, días después de que el TSJ chavista había desbandado a la Asamblea Nacional electa por voto popular y controlada por la oposición, y en su lugar había dado luz verde a la creación de una Asamblea Constituyente oficialista. Pérez se adjudicó la autoría del ataque, emitió pronunciamientos llamando a un alzamiento armado desde la clandestinidad, y se había mantenido escondido desde entonces. En diciembre, Pérez publicó un video en YouTube en el cual aparecen hombres tomando un cuartel militar, robando armamento, y destruyendo retratos de Hugo Chávez y el actual presidente, Nicolás Maduro, que se encontraban en el cuartel. El grupo armado de Pérez, denominado Equilibrio Nacional, estaba conformado principalmente por exfuncionarios que se habían rebelado contra el gobierno. Pérez había sido miembro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela.
Desde la madrugada del 15 de enero, Pérez publicó una serie de videos en Instagram en los cuales aparece él con otras personas afirmando que estaban ya neutralizados y bajo asedio del gobierno, y que tratarían de negociar su entrega. Minutos después, los videos mostraban a Pérez y sus compañeros heridos y protegiéndose de disparos a cargo de fuerzas de seguridad venezolanas. En los últimos nueve videos, incluyendo algunos en los que Pérez aparece sangrando por una herida en la frente que parece haber sido producida por una esquirla de granada, Pérez y sus compañeros gritaban “no disparen, no disparen por favor, aquí hay civiles, hay mujeres y niños; ya los vieron, por qué disparan, van a matar gente inocente”. El día martes 16 al mediodía, en su primer comunicado confirmando la muerte de Pérez, el ministro del interior General Ernesto Reverol afirmó que “entre los terroristas abatidos” había “una mujer de 26 años que supuestamente acompañaba a uno de los terroristas”. Según El Nuevo Herald, “personas allegadas señalan que había otras cuatro personas dentro de la vivienda, incluyendo una mujer y dos niños, cuyo paradero se desconoce y se cree que perecieron”.
La mañana del lunes, altos funcionarios del gobierno reaccionaron con alegría a los videos de Pérez suplicando clemencia en medio del tiroteo. La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, tuiteó: “Ahora viene el show de la llorantina ¡qué cobarde cuando se ve atrapado como una rata!”. Diosdado Cabello, el número dos del régimen, publicó tres tuits esa mañana al mismo tiempo en que se realizaba el operativo. En uno de ellos, Cabello afirmaba: “Los palangristas de la derecha y sus medios, en modo desespero defienden al terrorista Óscar Pérez, que (sic) falta de vergüenza”.
Aproximadamente al mediodía, el gobierno emitió un comunicado oficial indicando que los “miembros de esta célula terrorista fueron ‘abatidos’ y cinco criminales fueron capturados y arrestados”. El comunicado no mencionó a Pérez directamente ni aclaró si estaba muerto. Esa noche, una foto del cuerpo sin vida de Pérez se filtró a los medios de comunicación a través de Twitter. Al día siguiente, más de 24 horas después de ocurridos los hechos, el gobierno de Venezuela confirmó que Pérez, al igual que seis acompañantes suyos, a quienes describió como “peligrosos terroristas”, habían muerto en la redada. Ignorando los pedidos de la familia de las víctimas y los procedimientos legales criminalísticos, el gobierno habría ordenado la demolición del lugar donde se produjo la redada y la cremación de los cadáveres de las víctimas, especialmente de Oscar Pérez. En un discurso de felicitación al general Reverol que se transmitió a todo el país la noche del martes 16 de enero, el presidente Nicolás Maduro alabó “la eficacia” del operativo y dijo que este significó una “orden cumplida”. Seguidamente dijo dirigirse “a la contrarrevolución mayamera y a la oligarquía colombiana” afirmando: “Les digo que a cada grupo que armen y financien para traer el terrorismo les va a tocar el mismo destino”.
“Toda la evidencia disponible sugiere fuertemente que Pérez y sus acompañantes fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad a sangre fría como parte de una política pública sistemática determinada por Nicolás Maduro, según la cual las fuerzas armadas venezolanas tienen la orden de desoír cualquier expresión de rendición, y en vez de ello proceder a ejecutar sumariamente a cualquier prisionero”, dijo Javier El-Hage, director jurídico de HRF. “Según el derecho internacional, esto constituye una ejecución extrajudicial, que es uno de los crímenes más graves y que viola el jus cogens o derecho imperativo internacional. Las fuerzas de seguridad deben siempre honrar el derecho a la vida de un sospechoso cuando este se ha rendido. Esto es así tanto en situaciones de conflicto armado internacional, reguladas por el derecho internacional humanitario, así como en casos policiales domésticos, como el que se produjo el lunes. Lamentablemente, no sorprende que al régimen dictatorial de Maduro no le tiemble el pulso para mandar matar a personas que se encontraban alzados en armas. Se trata del mismo régimen que en los últimos años ha matado a más de 200 estudiantes que no portaban ningún arma, y que está siendo investigado por la Organización de Estados Americanos por crímenes de lesa humanidad, a causa de esas muertes”.
HRF es una organización sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la defensa de los derechos humanos a escala mundial, con énfasis en sociedades cerradas.
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