Caracas, 28 de julio de 2021. Este miércoles, Human Rights Watch (HRW) señaló que el gobierno chileno debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos y asegurar que todas las deportaciones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos.
En una serie de sentencias, la Corte Suprema de Chile y diversas cortes de apelaciones ordenaron a las autoridades chilenas poner fin, en casos específicos, a las deportaciones de venezolanos, debido a los graves riesgos que podrían enfrentar en Venezuela, indicó HRW. Las sentencias también dejaron en evidencia violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas, antes de que se lleven a cabo las deportaciones.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, manifestó que “los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”.
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“Es contradictorio que el gobierno chileno condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro”, agregó.
Se estima que más de 457.000 venezolanos viven actualmente en Chile. La mayoría está en el país de manera legal, pero, desde 2019, las políticas gubernamentales migratorias han hecho que les resulte cada vez más difícil solicitar y obtener visas o refugio, lo cual limita las opciones disponibles para regularizar su situación, señala la organización.
HRW señaló que el Ejecutivo chileno anunció la expulsión de 1.500 personas a lo largo de 2021 en 15 vuelos chárter y que, según el Servicio Jesuita Migrante (SJM), para abril de este año había deportado a 294 personas, en la mayoría de los casos «sin control judicial» y afectando principalmente a venezolanos.
Esta política del Gobierno se enmarca en una ley que contempla la expulsión de aquellos migrantes sobre los que pesan causas judiciales, para que cumplan la pena en su país, y también la de quienes ingresaron clandestinamente al país y se encuentran en una situación administrativa irregular.
Irregularidades en el proceso
Según información ofrecida a HRW por organizaciones de derechos humanos y la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, algunos de los deportados tenían familiares en Chile, un dato que debió haber sido tomado en cuenta para suspender la deportación; no se les permitió hacer una llamada telefónica ni tener acceso a un abogado, lo cual limitó sus posibilidades para objetar la deportación; incluso algunos tenían apelaciones en trámite en contra de sus órdenes de deportación.
La Corte Suprema anuló varias órdenes de deportación en los últimos meses por considerar que fueron producto de un “procedimiento contencioso administrativo insuficiente”, pero en casi todos los casos esta anulación fue posterior a la deportación, indicó HRW.
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“Las entrevistas realizadas por HRW y las resoluciones dictadas en estos casos demuestran que, en los hechos, el Gobierno chileno privó a los migrantes de la posibilidad de ejercer plenamente los derechos garantizados por el derecho internacional”, señala el informe.
Muchos migrantes se enteraron de que se había dictado una orden de deportación en su contra pocos días antes de ser detenidos, o incluso el mismo día. Una vez detenidos, la mayoría no tuvo acceso a un abogado, y en los casos en que un abogado se presentó en una dependencia de la PDI para representarlos, generalmente no tuvo tiempo suficiente para apelar la deportación ante un tribunal o para que el tribunal pudiera frenarla.
Deportaciones colectivas
Según el informe realizado por Human Rights Watch, el “lenguaje empleado en diversos casos fue prácticamente idéntico, y no se realizó un análisis caso por caso”.
Al analizar las deportaciones en Chile, las agencias de la ONU en el país y el Relator Especial de la ONU han destacado en reiteradas oportunidades que todas las personas tienen derecho a que se evalúen sus circunstancias de forma individual, incluyendo la necesidad de recibir protección y los riesgos que la deportación podría representar para su vida, su libertad o su integridad.
Separación de familias
Las deportaciones sumarias, establece el documento, impiden a gran cantidad de ciudadanos venezolanos probar vínculos familiares en Chile, sobre todo considerando que tanto estado civil como parental no se encuentran registrados ante el Estado chileno.
A ello se suma la dificultad de obtener certificados o documentos oficiales tanto en Venezuela como en el extranjero, ya que los servicios consulares del país caribeño son «limitados».
HRW, en tanto, asegura que abogados de derechos humanos manifestaron que algunas personas prontas a ser expulsadas no mencionan sus vínculos familiares para evitar que otros integrantes sean también deportados.
«Estas deportaciones pueden violar el derecho de los niños y niñas a la unidad familiar. Chile debe priorizar el interés superior de los niños y niñas y facilitar su reunificación con sus padres», enfatizó la ONG.
Con información de Efe
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