Diversos gremios y organizaciones sindicales convocaron movilizaciones nacionales para este viernes 1 de mayo, en conmemoración del Día del Trabajador.
Las protestas buscan presionar por un aumento del salario mínimo que impacte en las prestaciones sociales y jubilaciones. Los trabajadores consideran insuficiente el reciente ajuste del ingreso mínimo integral anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
En Caracas, los manifestantes fijaron puntos de encuentro en Plaza Venezuela y Parque Carabobo a partir de las 9:00 a. m. Las jornadas de protesta también se replicarán en Valencia, Barquisimeto y Puerto La Cruz.
Por su parte, los sindicatos en Maracaibo llamaron a concentrarse en las inmediaciones de la Iglesia Santa Bárbara, en el casco central de la ciudad zuliana.
Cuestionamientos al ingreso de 240 dólares
La movilización ocurre tras el anuncio gubernamental de situar el ingreso mínimo integral en 240 dólares mensuales. Sin embargo, los líderes laborales denuncian que la medida profundiza la “bonificación” del salario.
Las autoridades evitaron detallar el monto del salario base, lo que mantiene paralizado el cálculo de beneficios contractuales y la seguridad social de millones de empleados públicos.
Organizaciones como Provea han cuestionado la opacidad en torno a este ajuste, señalando que la falta de un salario real impide una recuperación económica justa. Los manifestantes exigen que los ingresos dejen de depender exclusivamente de bonos otorgados a través de la Plataforma Patria.
Para los sindicatos, el actual esquema perpetúa la desigualdad y desprotege a los pensionados, quienes perciben montos significativamente menores.
Exigencias de justicia laboral
El sector educativo y el de salud lideran las convocatorias, recordando que el salario mínimo legal no ha experimentado variaciones desde hace años. Esta situación genera una acumulación de deuda social que afecta la calidad de vida de las familias venezolanas.
Los trabajadores insisten en que cualquier proceso de transición o recuperación económica debe situar la dignidad laboral en el centro de las políticas públicas estatales.
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