Representantes del Acuerdo Unitario de Trabajadores acudieron este viernes a la sede del Ministerio Público en Caracas. Los dirigentes consignaron una denuncia formal por las graves violaciones a los derechos constitucionales de manifestación pacífica y libertad de expresión. Estas irregularidades ocurrieron durante la reciente IV Jornada Nacional de Protesta, donde grupos civiles y policiales impidieron el libre tránsito de los trabajadores.
Ana Yanez, coordinadora nacional de la central ÚNETE y vocera del Comité Nacional de Conflictos, entregó el documento al Fiscal General (Encargado), Dr. Larry Daniel Devoe Márquez. La misiva detalla un plan ejecutado por fuerzas de seguridad y civiles armados para sabotear el ejercicio legítimo de la protesta laboral en todo el territorio venezolano. Los gremios rechazan la criminalización de las exigencias salariales.
Un patrón sistemático de represión estatal
Yanez afirmó que estos eventos no representan hechos aislados. Según la dirigente, existe una práctica sistemática dirigida a normalizar que solo el sector oficialista ocupe el espacio público. Los trabajadores enfrentan agresiones físicas y cercos policiales cuando intentan exigir condiciones de vida dignas. La vocera denunció que el Estado utiliza a los organismos de orden público como fuerzas de choque político.
Registro de agresiones en Caracas y las regiones
El documento entregado relata los incidentes del pasado 23 de marzo. En Caracas, la Policía Nacional Bolivariana y grupos denominados “colectivos” tomaron las adyacencias del Ministerio del Trabajo. Los manifestantes reportaron agavillamiento, amenazas y maltrato físico, especialmente contra adultos mayores. Estas acciones impidieron que la movilización llegara a su destino previsto para entregar las exigencias laborales.
La situación se replicó en el interior del país con métodos similares de amedrentamiento. En Guatire, las autoridades restringieron el acceso a la Inspectoría del Trabajo y amenazaron con decomisar teléfonos celulares. Por su parte, en ciudades como Punto Fijo, Cumaná y Maracay, los cuerpos de seguridad instalaron cordones policiales y cerraron oficinas públicas para frenar el avance de las protestas gremiales.
Exigencias legales ante el Ministerio Público
La denuncia se fundamenta en el artículo 51 de la Constitución, el cual garantiza el derecho de petición. También invoca el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Los gremios solicitaron formalmente una investigación penal para identificar a los responsables de las agresiones. El Comité Nacional de Conflictos aseguró que mantendrá su agenda de lucha por el Pliego de Exigencias Legítimas de los Trabajadores.
Fuentes: Punto de Corte, Comité Nacional de Conflictos, Central ÚNETE.
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