El ex diputado y abogado Edwin Roberto Sambrano Vidal propone un gobierno de amplitud nacional liderado por Edmundo González y María Corina Machado para superar la emergencia y restituir el orden constitucional en Venezuela.
El ex diputado Edwin Roberto Sambrano Vidal sostiene que la legitimidad política, el respeto a la soberanía popular y el cumplimiento de la Constitución son condiciones indispensables para abrir una transición democrática.
El respeto a la soberanía popular y a la democracia es el punto de partida de cualquier gobierno legítimo capaz de unir al país frente a los desafíos de seguridad, prosperidad, bienestar, libertad y justicia, considera Edwin Roberto Sambrano Vidal a propósito del interinato del Delcy Rodríguez y el vencimiento de los periodos de ausencia temporal contenidos en el artículo 234 de la Constitución de la República.
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El abogado especialista en derecho constitucional y laboral, con una trayectoria de varias décadas en la protección de los derechos de los trabajadores, dirige la organización Alianza por la Soberanía y la Democracia (ASD), ex diputado del Congreso de Venezuela y defensor de derechos humanos, plantea que la restitución del orden constitucional pasa por “depurar los vicios cometidos” y reconocer el resultado de la elección presidencial del 28 de julio 2024.
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Sambrano Vidal afirma que Edmundo González Urrutia debe ser investido como presidente de la República, al considerar que fue electo por una mayoría “irrefutable” del 67% de votos válidos.
También sostiene que María Corina Machado, a quien define como líder nacional legítima de los factores democráticos, debe formar parte de la conducción política de ese proceso.
“Ellos deben conformar un gobierno de amplitud nacional que asuma la responsabilidad de conducir a la nación en esta hora de gran peligro para la paz, la convivencia y la vida”, señala el dirigente, integrante de organizaciones como Espacio Consenso para un Nuevo País, la Alianza por la Soberanía y la Democracia (ASD), el Comité Nacional en Defensa de la Constitución “Cúmplela” y Lazos Guayana.
Sostiene que los que impidieron que Edmundo González asumiera el poder lo hicieron “por ejercicio de la fuerza y del fraude constitucional” quienes detentaban el Poder Ejecutivo y el comando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), “en complicidad con la mayoría del CNE y otros Poderes Públicos”.
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Sambrano fue detenido el 12 de abril de 2026 en el aeropuerto de Santo Domingo, en el estado Táchira, acusado de instigación y promoción al odio.
Tras la presión de sectores políticos y sociales, fue liberado bajo medidas cautelares sustitutivas, con prohibición de salida del país y obligación de presentarse ante los tribunales cuando sea requerido.
La Constitución como ruta
El ex parlamentario basa su planteamiento en varios artículos de la Constitución venezolana.
Cita el artículo 5, que establece que la soberanía reside en el pueblo; el artículo 7, que define la Constitución como norma suprema; y el artículo 228, según el cual debe proclamarse electo al candidato que obtenga la mayoría de los votos válidos.
También recuerda el artículo 138, referido a la nulidad de toda autoridad usurpada, y el artículo 333, que impone a los ciudadanos el deber de colaborar en el restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución cuando ella deje de observarse por actos de fuerza.
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A ello suma el artículo 350, que faculta al pueblo a desconocer regímenes o autoridades contrarios a los principios democráticos y a los derechos humanos.
En su propuesta, el dirigente identifica como primera tarea de un eventual gobierno de amplitud nacional la puesta en marcha de un amplio plan de emergencia para atender la crisis humanitaria compleja que afecta al país en los ámbitos político, social, económico, cultural y moral.
Según advierte, esa crisis se habría profundizado tras los terremotos del 24 de junio de 2026 “por lo que exige con prioridad absoluta, la legitimidad incuestionable de la conducción de la República”.
Entre las medidas urgentes menciona la “respuesta inmediata y eficaz a la libertad de los presos políticos”, de los cuales hay 551 según el reporte que el 6 de julio de 2026 dio a conocer la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
Así mismo la restitución de libertades públicas, el desmantelamiento de estructuras represivas, la revisión de leyes utilizadas para perseguir la disidencia, un aumento general y escalonado de salarios y pensiones, así como el cumplimiento progresivo de los principales derechos laborales y sociales.
El abogado alude además a la necesidad de atender a personas damnificadas y sectores vulnerables, como niños, huérfanos, mujeres embarazadas y lactantes, adultos mayores, enfermos y desempleados.
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También propone un programa nacional de producción y distribución de alimentos, con comedores escolares en todos los niveles de la educación pública, junto con la reactivación del aparato económico.
En el terreno económico, plantea revisar las relaciones internacionales para promover inversión, cooperación e intercambio, así como levantar un balance financiero y comercial del sector externo.
También propone estudiar la deuda externa, los activos y acreencias del país, y adecuar la política tributaria a las necesidades de la emergencia.
Transición democrática
La segunda gran tarea, según Sambrano, es impulsar una transición democrática que conduzca a elecciones presidenciales y legislativas bajo condiciones de libertad, universalidad, voto directo y secreto.
Para que el resultado sea confiable y verificable, sostiene que el proceso debe ser organizado por un poder electoral independiente, competente e imparcial, que garantice libertad de postulación “tanto para las organizaciones políticas como para los candidatos”, inclusión de electores dentro y fuera del país y ausencia de ventajismo o violaciones a las reglas electorales.
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Sambrano Vidal asegura que ambas tareas planteadas “en esta peligrosa coyuntura histórica” requieren un Poder Ejecutivo con legitimidad firme y respaldo popular.
A su juicio, esa es la condición indispensable para restituir la vigencia efectiva de la Constitución, garantizar los derechos ciudadanos y poner la institucionalidad al servicio de los venezolanos.
Tomado de Infobae
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