Caracas, 25 de marzo de 2018/.- La lista de funcionarios del gobierno venezolano que han sido sancionados internacionalmente no hace más que aumentar. Esta semana se sumaron a los que han sido señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, los nombres de Carlos Rotondaro, ex presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; Nelson Lepaje, ex jefe de la Oficina del Tesoro Nacional; William Contreras, superintendente de Defensa de Derechos Socioeconómicos, y Américo Mata, directivo suplente del Banco Nacional de Hábitat y Vivienda.
Su inclusión implica que queda congelado cualquier activo que posean en ese país y prohibida toda transacción entre ellos y los ciudadanos y empresas de la nación norteamericana. Con este reciente anuncio suman ya 78 los funcionarios del gobierno venezolano, incluido el presidente Nicolás Maduro, que han sido objeto de este tipo de decisiones internacionales desde hace tres años, cuando Barack Obama aprobó la orden ejecutiva 13692, que consideraba la situación venezolana una amenaza “inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”.
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Aquel documento señalaba que las condiciones del país se habían deteriorado debido a la “erosión de las garantías de derechos humanos, la persecución de opositores políticos, la reducción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y las violaciones y abusos en respuesta a protestas antigubernamentales, y el arresto arbitrario de manifestantes, así como la corrupción pública”.
En el expediente contra el gobierno de Maduro se han ido acumulado una serie de decisiones que han debilitado aún más su posición, puntualiza la internacionalista Elsa Cardozo. La primera es el bloqueo a la asistencia humanitaria internacional que ha sido solicitada por distintas instancias. La segunda, “la traición al proceso de negociaciones que estaba en marcha, al anunciar, brusca, atropellada y abusivamente una fecha de elecciones sin garantías mínimas para un proceso íntegro”. El tercer elemento ha sido, añade, el cúmulo de violaciones de los derechos humanos, que habían venido ocurriendo desde 2014 y que se hicieron imposibles de ignorar por la comunidad internacional.
Con información de El Nacional
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