Fospuca pone en riesgo al sector comercial de Ciudad Guayana

Fospuca Caroní. Aseo Urbano

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Un trabajo realizado por María José Nuñez, para Radio Fe y Alegría Noticias, desnuda la actual situación comercial y económica que se vive como consecuencia del control que ejerce una empresa privada como Fospuca en la administración fiscal, impositiva e incluso confiscatoria en el municipio de Caroní, gobernado por el alcalde del Psuv, Tito Oviedo.

A continuación publicamos el trabajo completo, publicado en su página web.

Fospuca pone en riesgo al sector comercial de Ciudad Guayana

El sector comercial de Ciudad Guayana vivió momentos de angustia cuando un negocio fue embargado provisionalmente por Fospuca debido a una deuda con dicha empresa que presta el servicio de recolección de desechos sólidos y rellenos sanitarios desde noviembre de 2022.

Se conoció por parte del abogado de Fospuca, Bassan Souki, que la defensa está recibiendo reportes de todas las personas que acumulen deudas para aplicar el mismo procedimiento de embargo. En dicha lista que mencionó se encuentra una decena de negocios.

Por otro lado, la Superintendencia de la Administración Tributaria de Caroní también realizó una jornada de fiscalización el miércoles 15 de febrero, la cual terminó con el cierre temporal de seis comercios más. En este caso, la razón fue incumplir con el pago de impuestos sobre actividades económicas.

¿Qué tiene que ver Fospuca con los impuestos municipales?

El pago de impuesto se mantiene bloqueado para todo aquel comerciante que mantenga deuda con la empresa Fospuca, puesto que la data de la empresa privada está enlazada con la de la Alcaldía de Caroní.

En este sentido, el presidente de Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras), seccional Bolívar, Austerio González, aseguró que al menos 4 mil licencias comerciales están bloqueadas en el portal fiscal de la Alcaldía. Dijo que esto afecta a casi el 50 % de las empresas del municipio Caroní.

Para conocer qué piensan los comerciantes, Radio Fe y Alegría Noticias consultó con la población sobre el tema.

“Es un problema grave que nos está acarreando esa empresa. Si yo tengo un comercio y tengo que pagar una exorbitante factura de aseo, ¿de dónde crees tú que voy a sacar yo ese monto? Lo tengo que pagar de lo que venda y si yo vendo helados y tengo que pagar, voy a subir el precio del helado porque no pagaré la factura de mi ganancia”, dijo Lucía González, habitante de Puerto Ordaz.

Calificó de alarmante la situación porque cuando los comerciantes vean que no pueden pagar las facturas, van a subir los precios y finalmente el consumidor es quien se verá afectado. 

Le preocupa que pase la misma situación con el aseo y otros servicios públicos como la electricidad, que los cobren y luego embarguen su vivienda en caso de no pagar.

“Van a agarrar las casas que están solas. Eso va a pasar porque es todo un sistema”, expuso.

Desacuerdo desde un principio

Gran parte de la población no estuvo de acuerdo con la decisión de entregar el servicio de aseo urbano a una empresa privada. En la Cámara Municipal, los concejales de la oposición aseguraban no estar de acuerdo porque el proceso de licitación no fue transparente.

La concejala Aliana Estrada fue consultada y aseguró que es el alcalde Tito Oviedo quien debe dar solución al problema de la basura.

“Nosotros estamos viendo a ciudadanos pendientes de que les están quitando de su bolsillo dinero para el impuesto del pago de la basura. Quiero decirle a los ciudadanos que hemos estado trabajando durante todo el 2022 y 2023 sobre el tema de la basura en la ciudad. Hemos dado los pasos pertinentes con responsabilidad. Le hemos dicho al ciudadano alcalde que no era procedente que esas tarifas que se están dando hoy salgan del bolsillo de la gente. El impuesto tiene que salir del impuesto municipal. Las tarifas que son un tributo debieron haberse consultado dentro del Concejo Municipal. Seguimos en la lucha incansable porque los ciudadanos vivan mejor”, expresó.

“Es importante que se diga que el alcalde no le ha dado la gana de decirle a Nicolás Maduro que el ingreso que entra se lo lleven en materia de evaluación a los municipios. Las tarifas que le ponen a la gente tiene que resolverlo el alcalde. Tiene que poner unas tarifas para que la gente pueda pagarla con su salario mínimo”, añadió.

¿Qué dice el CLEB?

Por su parte, la diputada del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), Zaida Vahlis, dijo que es necesario un estudio económico para ajustar las tarifas a los salarios de los ciudadanos. 

“Los exabruptos de la contratación de los servicios de desechos sólidos (…) está generando un conflicto de enorme magnitud. Un caos total en la ciudad visto que los comerciantes y tampoco los residentes tienen la capacidad económica para pagar las tarifas con la magnitud y cuantía con la que han sido emitidas. Debió hacerse un estudio económico previo al establecimiento de las tarifas visto que es notorio y público el estado de depresión, quiebre de la economía”, explicó Vahlis.

Agregó que “va a haber un efecto de cierre de muchos de los negocios y los ciudadanos serán los afectados porque habrá pocos productos que ofertan y los precios van a elevarse”, explicó.

Responsabilizó al alcalde del “caos” causado porque no fue competente con el procedimiento de todo el servicio.

Para el próximo miércoles 22 de febrero se realizará una nueva asamblea de recolección de firmas para solicitar el cese de las operaciones de Fospuca.

Con información de Alejandra Martínez | Radio Fe y Alegría Noticias

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