Caracas, 21 de abril de 2022.- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió reanudar la investigación contra Venezuela por los presuntos crímenes de lesa humanidad; cometidos en el territorio durante las protestas antigubernamentales de 2014.
La decisión de la Fiscalía de la CPI rechaza así la solicitud de aplazamiento realizada por la Administración de Nicolás Maduro, quien argumentó que las autoridades del país ya habían iniciado las investigaciones por las presuntas violaciones de derechos humanos.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, explicó que la investigación contra Venezuela se reanuda al no “haberse presentado nueva información que justifique revisar su determinación previa“.
En el comunicado emitido por Khan, el organismo señaló que la investigación seguirá adelante a “la mayor brevedad”, con el objetivo de esclarecer los hechos.
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De acuerdo a lo reseñado por Monitoreamos, el fiscal de la CPI tiene previsto pedir una autorización para reunirse con los familiares de las víctimas, representantes legales o cualquier otro interesado que desee formular sus observaciones en el caso.
Recientemente organizaciones civiles internacionales expresaron su respaldo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI); quien recientemente anunció que instalará una oficina en Caracas. Sin embargo, exhortaron a precisar cuáles serán las garantías de seguridad, durante la investigación que se sigue contra algunos funcionarios; por presuntas violaciones a los derechos fundamentales cometidos en el país.
“Organizaciones de derechos humanos valoran instalación de Oficina Descentralizada de la Fiscalía CPI en Caracas. Exhortan a que precise su alcance, funcionamiento y garantías de seguridad”.
En un comunicado conjunto, las 17 ONG instaron al organismo internacional a “constituir un espacio de diálogo genuino y seguro con víctimas, sus familiares, sus representantes; así como con la sociedad civil”, a través de su oficina. Al tiempo que advirtieron que, a su criterio, el sistema de justicia venezolano no cuenta con las competencias mínimas necesarias para garantizar la impartición de justicia.
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