La justicia de Ecuador sacude el tablero político regional tras ejecutar un operativo de gran escala contra el entorno del correísmo. La Fiscalía General del Estado lideró este miércoles un allanamiento en la residencia de Luisa González, quien fuera candidata presidencial en dos ocasiones. Las autoridades investigan el caso denominado “Caja Chica”, el cual rastrea una presunta red de delincuencia organizada enfocada en el lavado de activos durante la campaña electoral de 2023.
El Ministerio Público informó a través de sus canales oficiales que la investigación busca esclarecer el ingreso de dinero ilícito al país. Según las primeras tesis fiscales, el dinero ingresaba en efectivo desde Venezuela para costear las actividades proselitistas de la organización política liderada por González. Aunque el organismo no reveló nombres específicos en sus comunicaciones iniciales, las imágenes de los operativos confirmaron la intervención en propiedades vinculadas a figuras de alto nivel del movimiento Revolución Ciudadana.
Operativos simultáneos en Pichincha y Guayas
La Policía Nacional y funcionarios judiciales ejecutaron cuatro allanamientos estratégicos durante la madrugada. Tres de estos procedimientos ocurrieron en la provincia de Pichincha, mientras que el cuarto tuvo lugar en Guayas. El objetivo principal de estas acciones consiste en recabar documentos, dispositivos electrónicos y evidencias contables que demuestren el flujo de capitales no declarados ante los organismos de control electoral.
Las cuentas de campaña de Luisa González ya se encontraban bajo la lupa del Consejo Nacional Electoral (CNE). La excandidata, que perdió las elecciones de 2023 y 2025 frente a Daniel Noboa, enfrenta ahora un complejo escenario jurídico. El hallazgo de indicios sobre capitales extranjeros podría comprometer la personería jurídica de su movimiento político en los próximos meses.
Denuncias de persecución política
El entorno de González reaccionó de inmediato calificando las acciones como una táctica de distracción gubernamental. Paola Pabón, prefecta de Pichincha y aliada cercana de la excandidata, denunció que estas intervenciones constituyen una “persecución judicial”. Pabón señaló que el gobierno de Daniel Noboa prioriza una agenda política sobre la crisis de seguridad que atraviesa la nación andina, afectando la estabilidad democrática del país.
Mientras el proceso avanza, la sombra de las gestiones de Nicolás Maduro aparece nuevamente en el panorama electoral ecuatoriano. Las autoridades buscan determinar si existió una estructura coordinada para el traslado de divisas desde Caracas hacia los comandos de campaña del correísmo. Este caso promete profundizar la polarización en Ecuador, mientras la ciudadanía exige transparencia total sobre el origen de los recursos que financian a sus líderes.
Fuentes: EFE, Punto de Corte, El Universo, Primicias.
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