La sociedad exige que cese el cinismo como política de estado

Diversos movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil venezolana instaron formalmente a la derogación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Coexistencia Pacífica y la Tolerancia, al considerarla un instrumento legal diseñado para censurar la disidencia, vulnerar el derecho a la libre expresión y destruir la libertad de pensamiento en el país.

De acuerdo con los voceros, este marco punitivo no representa un hecho aislado, sino la consolidación de un modelo de control estatal sobre la información iniciado durante los debates de la Constitución de 1999. Este patrón se afianzó con la promulgación en 2004 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) y su reforma en 2010, instrumentos que otorgaron facultades administrativas a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para sancionar a medios de comunicación por la difusión de contenidos que generen «zozobra» o representen un «irrespeto» a las instituciones.

Las organizaciones enfatizaron que la ley del odio, rechazada activamente por la sociedad civil organizada desde sus primeras propuestas en 2014 y su posterior aprobación en 2017, ha servido como brazo ejecutor del Estado para imponer penas de hasta 20 años de prisión a ciudadanos por el libre ejercicio de su opinión. Según balances presentados por los colectivos, la aplicación de esta normativa ha derivado en la privación de libertad de al menos 980 personas.

Ante esta situación, los representantes civiles rechazaron cualquier propuesta de reforma parcial de dicha ley y exigieron su anulación definitiva como requisito indispensable para un reencuentro democrático. Asimismo, denunciaron el uso reiterado de los medios públicos estatales para promover el pensamiento único mediante lenguajes que incitan a la polarización.

Finalmente, los movimientos sociales hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar los espacios públicos e iniciar debates abiertos sobre el futuro institucional del país, afirmando que la participación ciudadana activa debe ser el parámetro fundamental para medir la fortaleza democrática en Venezuela.