Este jueves 5 de marzo, un grupo de familiares de presos políticos se concentró en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo, en Caracas, para consignar un documento ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía. Bajo la consigna “Liberen a todos los presos políticos”, los manifestantes exigieron que el beneficio procesal se extienda a civiles y militares que aún permanecen tras las rejas, denunciando exclusiones arbitrarias en la aplicación de la norma.
Opacidad en las listas y falta de reglamento
El director del medio digital Punto de Corte y ex preso político, Nicmer Evans, acompañó la movilización y denunció la falta de claridad en el proceso. Según Evans, el Estado no ha publicado una lista detallada de los beneficiarios, lo que impide verificar quiénes han recuperado su libertad de manera efectiva. “Que haya un reglamento de aplicación de esta ley sería lo más lógico en un Estado de derecho y de justicia”, sentenció el politólogo, quien instó a las autoridades a formalizar los mecanismos de liberación para evitar la discrecionalidad judicial.
A pesar de que el presidente de la comisión parlamentaria, Jorge Arreaza, informó recientemente sobre el otorgamiento de 6.071 libertades plenas, la mayoría de estos casos corresponden a personas que ya gozaban de medidas cautelares y no a quienes se encuentran en calabozos de máxima seguridad o cárceles militares.
Relatos de persecución y abandono consular
La jornada estuvo marcada por testimonios desgarradores. Rut Mariana Molero viajó desde Maracaibo para abogar por cuatro familiares detenidos, entre ellos una menor de edad, bajo el argumento de “parentesco con un militar”. Por otro lado, Alba Rodríguez denunció el aislamiento que sufren los ciudadanos extranjeros. Su pareja, el colombiano Yonaider Berrío, lleva un año detenido en El Rodeo I sin acceso a visitas, medicinas ni asistencia consular. Rodríguez solicitó la intervención inmediata del Consulado de Colombia ante la situación de indefensión de sus nacionales.
Limitaciones de la Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía, aprobada por unanimidad en febrero pasado, cubre hechos ocurridos entre 1999 y 2026. Sin embargo, su aplicación se restringe a 13 eventos específicos, dejando fuera de su alcance la mayoría de las operaciones militares y otros periodos de conflictividad política. Esta segmentación es precisamente lo que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos busca revertir mediante la revisión de expedientes.
Los familiares advirtieron que mantendrán las acciones de calle hasta que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática sea aplicada sin sesgos y bajo un cronograma transparente que incluya a todos los ciudadanos encarcelados por motivos políticos en Venezuela.
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