Un exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, Rafael Quero Silva, de 55 años, ha sido demandado en una corte federal de Florida por presuntamente supervisar torturas y abusos durante la represión de protestas antigubernamentales en 2013 y 2014. Sin embargo, según un artículo publicado este 31 de diciembre de 2025 en The New York Times, Quero Silva podría ser deportado antes de que el caso llegue a juicio.
La demanda civil, presentada por cinco víctimas bajo la Ley de Reclamaciones por Agravios a Extranjeros (Torture Victim Protection Act) de 1991, acusa a Quero Silva de ordenar redadas violentas y torturas a detenidos en Barquisimeto, durante las masivas protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Organizaciones como Human Rights Watch documentaron en esa época un patrón sistemático de represión por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, incluyendo allanamientos sin orden judicial y uso excesivo de fuerza.
¿Quién es este oficial?
Quero Silva, quien dejó la Guardia Nacional en algún momento posterior a las protestas, emigró a Estados Unidos y vivió en los suburbios de Miami. En 2018, exiliados venezolanos lo reconocieron como extra en la telenovela en español Mi familia perfecta, transmitida por Telemundo, donde apareció con una gorra de “POLICE”. Esto alertó a víctimas y activistas, quienes lo identificaron como el teniente coronel al mando de una unidad represiva.
En marzo de 2025, agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) lo detuvieron en el sur de Florida. Actualmente se encuentra en un centro de detención migratoria, a la espera de un proceso de deportación, tras serle negada la fianza. El Departamento de Seguridad Nacional no ha especificado los motivos exactos de su detención, y ni Quero Silva ni su abogado han respondido a solicitudes de comentarios.
Esta sería la primera vez que un oficial militar venezolano enfrenta un juicio en EE.UU. por abusos cometidos bajo el régimen de Maduro desde 2013. Los abogados de las víctimas buscan daños monetarios no especificados, aunque se desconoce si Quero Silva posee bienes significativos.
El caso resalta la tensión entre los procesos migratorios acelerados en EE.UU. y la rendición de cuentas por violaciones a derechos humanos. Si Quero Silva es deportado a Venezuela, podría evitar el juicio civil, lo que ha generado preocupación entre activistas que temen impunidad para presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad.
Este artículo de The New York Times pone en evidencia cómo exfuncionarios acusados de represión en países como Venezuela buscan refugio en EE.UU., solo para enfrentar tanto demandas civiles como riesgos de expulsión en un contexto de políticas migratorias estrictas.
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