Caracas, 13 de septiembre de 2018. Un juzgado de Andorra ha procesado este jueves a 29 personas, entre las que figuran los ex viceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado. Se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron beneficiadas con millonarias adjudicaciones de PDVSA, según fuentes próximas a la causa consultadas por EL PAÍS.
Los involucrados, escondieron su botín de sus comisiones ilegales a 7.400 kilómetros de Caracas, en los depósitos de la Banca Privada d’Andorra (BPA).
La magistrada andorrana Canòlic Mingorance ha encausado también a Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez; al ejecutivo de la petrolera Francisco Jiménez Villarroel; y al exabogado de la compañía Luis Carlos de León Pérez.
El magnate venezolano de los seguros Omar Farías aparece también entre los procesados junto al gestor de negocios de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello, y al apoderado de Salazar, José Luis Zabala.
Los personajes mencionados, cobraban comisiones de más del 10 % a empresas, especialmente chinas, que después resultaban agraciadas con contratos de PDVSA.
En la nómina de encausados figuran también la esposa de Diego Salazar, Rosycela Díaz; así como José Enrique Luongo, Estíbaliz Basoa, Reinaldo Luis Ramírez Carreño y Alejandro Saura Alonso.
Mediante una treintena de sociedades radicadas en paraísos fiscales como Suiza o Belice, se movió el caudal de fondos que fue a parar a Andorra, un país de 78.000 habitantes blindado hasta el pasado año por el secreto bancario.
Para no levantar sospechas, el grupo camufló sus millonarios ingresos bajo el paraguas de unos trabajos de asesoría que –según los investigadores- no existieron.
La magistrada, que investiga la trama desde 2012, estima que los procesados “se unieron para controlar las licitaciones públicas de PDVSA y la construcción de infraestructuras energéticas contratadas por filiales de PDVSA, Corpoelec y Electricidad de Caracas”.
Lea la nota completa en El País.
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