La administración del presidente estadounidense Donald Trump arrestó a 1.296 presuntos integrantes del Tren de Aragua. Las detenciones ocurrieron entre el 20 de enero de 2025 y el 8 de octubre de 2026. Cerca de 350 miembros y asociados de esta banda criminal venezolana enfrentan cargos federales. Las cifras oficiales fueron divulgadas por el diario Washington Examiner.
La Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia coordinan esta ofensiva conjunta. Los grupos de trabajo investigan las actividades ilícitas y agilizan la expulsión de los sospechosos. La vocera de la Casa Blanca, Lauren Bis, confirmó que la operación busca desmantelar la red y confiscar sus activos. Por su parte, voceros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas reportan presencia de la banda en casi todos los estados.
Designación terrorista y persecución de los líderes de la banda
El secretario de Estado, Marco Rubio, designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. La medida respondió a la expansión de delitos como homicidio, extorsión, tráfico de drogas y explotación sexual. Los fiscales procesan a los implicados por crímenes financieros y violencia armada en tribunales norteamericanos.
Las fuerzas de seguridad dirigen sus acciones principales contra la cúpula directiva del grupo. Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, murió en junio durante un operativo conjunto entre Estados Unidos y Venezuela. Asimismo, el FBI mantiene en su lista de los diez fugitivos más buscados a Aníbal Alexander Canelón Aguirre por fraudes bancarios multimillonarios.
Procesos judiciales y ampliación de las deportaciones en Estados Unidos
Las autoridades judiciales avanzan en casos de alto impacto público en territorio estadounidense. En junio de 2026, cuatro presuntos integrantes se declararon culpables por un doble homicidio cometido en el Bronx. Además, el homicidio de la estudiante Laken Riley en Georgia aceleró la aplicación de medidas de control migratorio más estrictas.
La administración de Estados Unidos amplió los operativos de deportación para expulsar a los ciudadanos extranjeros imputados. Las autoridades aclaran que los arrestos no representan condenas definitivas para todos los procesados.
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