23 abril, 2024

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El Estado invisibiliza a la población LGBTIQ+ en las cárceles venezolanas

Las personas privadas de libertad constituyen la población más vulnerable de Venezuela, pero quienes forman parte de la comunidad LGBTIQ+ padecen el abandono y la discriminación con un impacto diferenciado en los recintos penitenciarios. 
LGBTIQ+

Las personas privadas de libertad constituyen la población más vulnerable de Venezuela. Pero quienes forman parte de la comunidad LGBTIQ+ padecen el abandono y la discriminación con un impacto diferenciado en los recintos penitenciarios. 

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), a través de entrevistas con familiares, especialistas y monitoreos constantes, documentó testimonios e información relevante en el informe Personas privadas de libertad LGBTIQ+: El derecho a la salud es una ficción en los centros penitenciarios en Venezuela, en el que se evidenció que la opacidad y ausencia de datos sobre las cárceles en Venezuela contribuyen a la invisibilización de la población LGBTIQ+ encarcelada. 

Humberto Prado, fundador y director del OVP, recalcó que “todo este problema tiene su base en la falta de personal debidamente formado, lo cual no es imposible porque hay un mandato constitucional que establece que las personas que trabajan en las cárceles deben ser penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias”.

De igual manera, añadió:

“Hay que entender que aunque una persona cometa un delito, es un ser humano y debe tener garantía plena a sus derechos. El delito se queda en los tribunales y quien ingresa en la prisión es la persona para su reinserción social y garantizar sus derechos humanos. Si el Ministerio tuviera un mínimo de humildad, convocaría a una reunión para intercambiar sobre este tema tan importante, porque nuestras recomendaciones sólo son en beneficio de las personas privadas de libertad, que son los más vulnerables”.

Por su parte, Gabriela Buada, directora de la ONG Caleidoscopio Humano y colaboradora de OVP para la realización de este informe, explicó cómo la situación de la población LGBTIQ+ privada de libertad es muy compleja y desafiante, debido a la discriminación y estigmas que enfrentan por su orientación sexual e identidad de género

En ese sentido, Buada aseguró que uno de los flagelos más preocupantes de Venezuela es el machismo, lo que sin duda alguna es una consecuencia de la desinformación.

Además, advirtió sobre la ausencia de políticas inclusivas que atiendan las necesidades de esta población.

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Recordó además que, en julio del año 2023, OVP disertó en la 187 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de derechos humanos de personas LGBTIQ+ privadas de libertad en Venezuela, donde se expusieron públicamente las humillaciones y vejaciones a las que son sometidas las personas privadas de libertad LGBTIQ+ ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Asimismo, es importante destacar que no existen datos oficiales ni muchos menos segregados o diferenciados de la población LGBTIQ+ privada de libertad, lo que trae como consecuencia que no se reconozca su existencia en las cárceles, no se puedan abordar sus necesidades específicas de forma adecuada, así como tampoco se pueden exigir responsabilidades y mejoras en su trato porque  hasta la fecha no se ha hecho una rendición de cuentas por parte del Estado.

En otro orden de ideas, Venezuela carece de una legislación específica para personas  LGBTIQ+. Solo existen normas, por lo que el sistema penitenciario venezolano carece de diferenciación, lo que agrava la situación de vulnerabilidad para las personas que se encuentran en prisión. 

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Es decir, el hecho de que las autoridades venezolanas no tengan perspectiva de género hace que se profundicen las violaciones de derechos humanos. 

Ahora bien, el equipo del OVP constató que en las cárceles venezolanas no existen espacios adecuados para la población LGBTIQ. Quienes no tienen acceso a una atención médica adecuada ni de forma regular.

En caso de que necesiten ser trasladados a un centro de salud, esto se efectúa de forma arbitraria y discrecional. 

Al igual que el resto de la población penitenciaria, la comunidad LGBTIQ+ tras las rejas no tiene acceso de forma constante a personal médico; por el contrario, son enfermeras quienes asumen estos roles. 

Tampoco tienen derecho a exámenes médicos con periodicidad para detectar enfermedades como VIH, TBC, entre otras, y son los familiares quienes deben realizar un trámite si desean obtener el permiso requerido. 

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A pesar de que el Estado es el responsable de los privados de libertad desde el primer día de su detención, también son los familiares quienes asumen el costo de los tratamientos especializados para el VIH, por ejemplo. 

Las personas trans que están en proceso, por lo general deben abandonarlo porque no existe una dotación de hormonas. Esta población es la que más sufre dentro de los recintos carcelarios porque son víctimas de discriminación, humillación y violencia sexual. 

En una dantesca realidad que ha sido invisibilizada durante años, los presos de la comunidad LGTBTIQ+ tienen que sobrevivir tras los barrotes mientras son obligados a prostituirse, tanto por los pranes como por algunos funcionarios; así como también deben lavar la ropa de otros reclusos y hacer las labores de limpieza.

Por último, entre las recomendaciones de los expertos resaltó la necesidad urgente de que dentro de las prisiones venezolanas se organicen sesiones de sensibilización y concienciación para el público general y para profesionales que trabajan en el sistema penitenciario y en la justicia, así como para funcionarios. 

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Estas sesiones permitirán abordar estereotipos, prejuicios y conjeturas erróneas con respecto a la población reclusa y a las personas LGBTIQ+. También es necesario que los funcionarios cuenten con conocimiento específico para facilitar un mejor entendimiento y trato a las personas LGBTIQ+ en entornos de detención y de las maneras en las que podrían ser atendidas de forma sensible. 

Esto podría involucrar reconsiderar las políticas, prácticas y herramientas existentes, así como considerar elaborar nuevas. Por lo tanto, el principio de “no causar daño” debería ser una consideración principal cuando se informe el trabajo de los órganos de monitoreo sobre este tema.

Lee más datos relevantes sobre las violaciones contra los derechos humanos de la población LGBTIQ+ en nuestro informe: Personas privadas de libertad LGBTIQ+: El derecho a la salud es una ficción en los centros penitenciarios en Venezuela

Nota de Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

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