Caracas 20 de septiembre de 2021. Alejandro Emel Olivares González llevaba en su bolsillo un viejo carnet que lo acreditaba como miembro de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), al momento que autoridades hallaron su cadáver en el estado Miranda.
Por ese documento y por haber pagado 2,5 millones de pesos para obtener una cédula colombiana, se confirmó que venía cumpliendo labores de espionaje en Colombia. La Policía Judicial de Migración Colombia y el Batallón de Contrainteligencia de Fronteras del Ejército Nacional lo retuvieron, el 20 de mayo de 2020, en Madrid, Cundinamarca, según reseña El Tiempo.
Aunque Olivares juró ser colombiano y dijo vivir en la zona, había sido visto en centros comerciales de Bogotá y en el Hotel JW Marriott (en la zona financiera) siguiendo al diputado Hernán Alemán, opositor a Maduro.
En ese momento, se estaba cocinando Gedeón, un supuesto golpe armado contra Nicolás Maduro, que este terminó infiltrando y direccionando. Alemán, el hombre al que seguía Olivares, resultó ser uno de los cerebros de la frustrada incursión armada en Venezuela por parte de un grupo de mercenarios.
Alemán murió, dos meses después, de covid-19; y del espía no se volvió a saber nada hasta hace unos días.
El miembro de las Faes terminó involucrado en una persecución policial por la autopista regional del centro, en el estado de Miranda (Venezuela).
El pasado 10 de septiembre, hombres de la división antirrobos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) lo persiguieron e intercambiaron disparos.
El espía, expulsado de Colombia hace un año largo, se movilizaba en un carro Chery, modelo Orinoco, de color blanco y sin placas.
Según el reporte oficial, Olivares terminó colisionando su vehículo contra una montaña al borde de la vía, a la altura de un relleno sanitario conocido como La Bonanza.
¿Qué sabía Olivares?
Se le encontró una pistola Glock y munición 9 milímetros. Al parecer, Olivares perdió el control del vehículo tras recibir varios impactos de bala. El caso permaneció bajo reserva durante cinco días.
Ahora, excompañeros de Olivares, de 31 años, están indagando cómo pasó de ser una de las fichas del régimen en las labores de espionaje a opositores en Colombia a ser un objetivo de los hombres del CICPC.
Cuando empezaron a preguntar sobre el tema, apareció una orden de aprehensión contra Olivares, expedida por el Tribunal 3.º de Control, del estado Zulia. Según el documento, se lo investigaba por secuestro, desde agosto de 2012.
Pero el carné que lo acredita como oficial de las Faes, adjunto de la Base Territorial de Inteligencia (BTI) del estado de Falcón, es posterior a ese proceso.
De hecho, sus excompañeros aseguran que es extraño que alguien sea perseguido y acribillado por hombres del CICPC por un caso de secuestro, y menos si había cumplido misiones al servicio de las Faes.
Sippenhaft’: tortura nazi
“Es claro que Olivares tenía información importante. De otra manera no se explica cómo pasó más de un año en Venezuela sin que lo detuvieran”, dijo un excompañero.
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Y otro más se preguntó por qué Olivares no fue detenido cuando lo expulsó Migración Colombia.
Por eso, no dudan en señalar que Olivares pudo haber sido silenciado. Para aclararlo, ahora, intentan ubicar a Herierv José Borja Pirona y Wilnelmary Lourdes Callejas, dos venezolanos que fueron retenidos y expulsados junto con Olivares.
Además, señalan que este caso puede estar vinculado a las torturas y persecuciones a las que están siendo sometidos ciudadanos venezolanos supuestamente vinculados a la operación Gedeón.
Francisco Cox, de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, de la ONU, se refirió a esos patrones de violaciones de derechos humanos por parte del régimen para silenciar a la oposición.
Un documento de esa misión detalla que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) vienen aplicando tácticas de tortura nazi.
En el punto 73 del informe de la misión se afirma que la persecución de la dictadura no se limitó a las figuras opositoras: se concentró, además, en su entorno.
Testigos y víctimas señalaron que “agentes de seguridad o de inteligencia presuntamente utilizaron tácticas criminales, incluyendo el secuestro o la detención de miembros de la familia de opositores reales o percibidos, para lograr los arrestos”.
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