Caracas, 22 de febrero de 2022. En el marco de una desaceleración de la inflación y una ligera recuperación económica pronosticada por algunos expertos, Venezuela parece tomar un rumbo diferente este 2022. No obstante, hay un elemento imprescindible de evaluar para determinar las posibilidades que tiene el país de alcanzar un verdadero crecimiento económico: La deuda externa.
Por: Yohan Pimentel
“Les puedo decir hoy, que no debemos ni un centavo ni al Fondo Monetario Internacional (FMI), ni al Banco Mundial”, fueron las palabras con bombos y platillos del presidente fallecido Hugo Chávez el pasado 13 de abril de 2007.
Para ese año, Venezuela habría pagado una deuda de casi 3 mil millones de dólares que tenía desde 1998. Esto, habría representado una victoria para Chávez, quien para ese momento gobernaba el país en medio de un incremento de los precios del petróleo a niveles históricos, que se mantuvo desde 2004 hasta 2008.
Tanto fue este bomm petrolero, que el mandatario adquirió títulos de la deuda externa de Argentina por 500 millones de dólares con sus reservas monetarias.
“Es un esfuerzo para Venezuela, pero lo hacemos porque estamos conscientes de lo que se trata. Argentina se está liberando de Drácula, está rompiendo las cadenas del Fondo Monetario Internacional”, dijo Chávez.
Para el 2010, el barril de petróleo se mantuvo entre los US$84 y los US$103. Cuatro años más tarde, el 2014 inició con un precio por barril de US$96 y cerró en diciembre en US$ 68,8. Para este fecha, ya se avecinaba una dura crisis para el país monoproductor.
Según las cifras anunciadas por propio Nicolás Maduro en 2020, Venezuela sufrió una caída del 99% de ingresos petroleros entre 2014 y 2019.
Default e ilegitimidad
En diciembre de 2017 Venezuela fue declarada en “default” por la agencia calificadora Standard & Poors (S&P) Global Ratings, por no haber desembolsado 183 millones de dólares para el pago de dos bonos.
Vale acotar que en noviembre de ese mismo año, S&P ya había declarado a la nación caribeña en ‘default’ parcial. Esto, por incumplir con sus acreedores.
También en 2017, Estados Unidos impuso por primera vez un esquema de sanciones financieras contra la administración de Nicolás Maduro en Venezuela.
Estas medidas prohibieron las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte de dicha administración y de la petrolera estatal PDVSA.
Para el economista Luis Crespo, este esquema de sanciones se convirtió para el gobierno chavista en una “justificación” para incumplir sus compromisos con los acreedores.
“El país está insolvente en sus compromisos financieros aproximadamente desde 2017. Venezuela está en default, y eso es muy grave (…) Ante eso, la postura de la administración de Nicolás Maduro fue ponerse al margen e incumplir los compromisos y luego justificar ese conducta con la sanciones que le fueron impuestas”, destacó.
Deuda y opacidad
Sin cifras oficiales desde 2014, es difícil saber cuánto sería la deuda externa actual de Venezuela. La falta de estos datos económicos obliga a conformarse con las estimaciones de los analistas de instituciones internacionales y consultoras privadas.
Los cálculos extraoficiales indican que esta deuda alcanza los 150 mil millones de dólares. No obstante, para el economista Francisco Rodríguez, la estimación de endeudamiento es aún mayor.
“La estimación que nosotros tenemos es de alrededor de 170 mil millones de dólares, contando las deudas por laudos arbitrales internacionales (…) Eso equivale al 250% del producto interno bruto de Venezuela, esos niveles no se pueden pagar. Ningún país puede pagar semejante cifra”, explicó.
El experto enfatizó que la condición de ilegitimidad de Nicolás Maduro ante Estados Unidos le impide poder pagar esta deuda por tener la representación legal.
“Venezuela no está pagando su deuda. El país está en default con todos sus acreedores (…) Es importante precisar que este default es particular, porque es una cesación de pago, en la cuál la nación no está en condiciones legales y operativas de restablecer los servicios de esta deuda, porque el gobierno de Maduro, que controla la generación de ingresos del país, no tiene la representación legal. En Estados Unidos, donde está registrada la mayor parte de esta deuda, se reconoce a la administración de Juan Guaidó”, detalló.
“Además de la falta de reconocimiento de la administración de Nicolás Maduro, la economía está sancionada (…) Si Maduro quisiera pagar la deuda, no podría hacerlo porque solo podrá hacerlo Juan Guaidó, quien es la persona que ha sido reconocida como la principal autoridad del país por los Estados Unidos”, puntualizó.
Financiamiento
El pasado mes de marzo de 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desestimó conceder a la administración de Maduro un crédito de 5.000 millones de dólares para contener el coronavirus.
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Esta negativa se dio debido a la “poca claridad” que tiene el FMI con respecto al reconocimiento internacional que para ese momento tenía Nicolás Maduro.
“Desafortunadamente, el Fondo no está en posición de considerar esta solicitud. Como hemos mencionado anteriormente, el compromiso del FMI con sus países miembros se predica en el reconocimiento de un gobierno oficial por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía al FMI (…) Lamentablemente, el Fondo no está en condiciones de tomar en consideración esta solicitud. No existe claridad sobre el reconocimiento en este momento”, informó un portavoz del FMI.
Aunque la solicitud fue por un asunto humanitario vinculado a la pandemia del covid-19, la decisión del FMI hasta la fecha no ha cambiado su postura. Esto, representa una limitante para Venezuela en la búsqueda de una recuperación económica y el pago de la deuda externa.
“Aunque lo correcto sería restructurar la deuda con los acreedores, esta posibilidad no estaría disponible para Venezuela porque hay sanciones financieras y esas sanciones impiden la emisión de una nueva deuda (…) Cuando un país emprende una restructuración de su deuda, ocurre un intercambio de papeles ante los acreedores que acepten esa negociación y se les propone que se les va a cambiar las obligaciones que tiene la República, por obligaciones nuevas”, detalló.
“Esas obligaciones nuevas, ni Maduro ni Guaidó están en condiciones legales de emitirlas porque hay una prohibición a la compra de deudas viejas o nuevas”, enfatizó.
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