Escribo estas líneas desde Venezuela, un país donde la vida es un derecho constitucionalmente inviolable, pero donde la realidad nos impone una “eutanasia social” diaria. Aquí, el “echarle pichón” —nuestra forma de decir que hay que pelear contra todo pronóstico— es nuestra identidad. Observo con respeto, pero con profunda inquietud, cómo en España se avanza hacia una solución que, en nombre de la autonomía, corre el riesgo de ofrecer la muerte asistida como respuesta a crisis que requieren, ante todo, presencia y rescate.
Cuando la desesperanza se vuelve Ley
El caso de Noelia, la joven española a la que se le aplicó hace pocos día la eutanasia a los 25 años tras una vida marcada por el trauma y la falta de soporte, ha abierto una herida en la conciencia de muchos. Lo que el sistema denomina “autodeterminación”, desde la psicología a veces se reconoce como desesperanza aprendida: ese estado donde el individuo, tras sufrir daños constantes, asume que el dolor es el único horizonte posible.
Cuando el Estado valida la rendición de una mente joven y herida, cabe preguntarse:
¿estamos garantizando la libertad o estamos certificando un fracaso colectivo?
La eutanasia, en casos de sufrimiento psíquico, corre el peligro de convertirse en el último peldaño de la indefensión; un punto donde el sistema, en lugar de ofrecer un asidero inquebrantable, opta por la solución más aséptica.
El Estado y la gestión de la vulnerabilidad
Vemos patrones similares en otros ámbitos de la salud pública, donde la celeridad institucional parece primar sobre la protección del individuo en momentos de confusión o maduración. Se otorgan derechos definitivos a personas que, quizás, lo que necesitan es tiempo, guía y una red de salud mental robusta.
La neurociencia nos recuerda que la madurez cognitiva no es un interruptor que se enciende a los 18 años; es un proceso lento que requiere acompañamiento, no solo validación administrativa de impulsos transitorios.
La paradoja es dolorosa. En España, la eutanasia se presenta como una salida humanitaria frente al horror del suicidio solitario. Es un intento de dar orden al caos del final. Pero desde mi acera en Venezuela, la perspectiva cambia. Aquí vivimos la hipocresía inversa: un sistema que prohíbe morir por elección, pero que te empuja a la muerte por omisión. Cuando falta la quimioterapia o el alimento, el Estado nos aplica una eutanasia de facto.
Ambos escenarios, aunque en extremos opuestos, representan una claudicación en la protección a la vida: uno por una gestión fría del adiós y el otro por una incapacidad criminal.
El “duende” venezolano: Una propuesta de resistencia
A mis 48 años, miro mi propia historia —marcada por crisis económicas y fracturas sociales— y me doy cuenta de que, bajo una lógica estrictamente asistencialista, yo habría acumulado “méritos” de sobra para solicitar un final asistido. Si sigo aquí, es porque mis ganas de vivir han encontrado eco en una estructura social donde el “otro” es nuestro soporte vital.
Los venezolanos hemos aprendido que la resiliencia no es aguantar el golpe, sino bailar con el dolor. Tenemos una personalidad jocosa que, aunque heredada de la veta más vitalista de los españoles, hemos convertido en escudo.
Del trauma sacamos un chiste; es nuestro particular “quejío”. No es que seamos inmunes al dolor —el aumento de suicidios en mi país así lo demuestra—, pero nuestra cultura se rebela contra el final solitario.
Una reflexión compartida
Siento una profunda conexión con España por ese caudal cultural compartido, un mestizaje que nos hermana en el placer del cotilleo, la mesa extendida y esa fraternidad inquebrantable que se teje en las plazas. Pero creo que, en la carrera por el progreso técnico, se corre el riesgo de olvidar la mística del “echarle pichón”. Esa capacidad de “resolver” no es solo improvisar un sancocho; es la mística de decirle al destino: “Aquí estoy yo”.
Defender la vida no debería ser solo una cuestión de leyes prohibitivas, sino de garantizar condiciones que la hagan digna de ser vivida. Frente a un sistema que a veces ofrece la muerte como un servicio más y otro que la impone por desidia, la única respuesta ética es la inversión radical en el ser humano.
Para nosotros, la vida no es un trámite que se cancela por falta de condiciones óptimas; es un compromiso que se defiende con las uñas.
Ojalá podamos construir sociedades que, antes de gestionar abismos, se dediquen con igual fervor a rescatar la esperanza.
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