La presa política Emirlendris Carolina Benítez Rosales cumple ocho años de detención arbitraria por parte del régimen venezolano. Las autoridades la arrestaron el 5 de agosto de 2018, tras vincularla falsamente con el supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro mientras ella utilizaba un servicio de taxi junto a su pareja. Sin aportar pruebas creíbles, la fiscalía le imputó delitos de terrorismo y asociación para delinquir.
Torturas, secuelas y un juicio sin garantías
Durante los primeros días de su custodia, los cuerpos de seguridad la mantuvieron desaparecida e incomunicada por más de 45 días. En ese período, la ciudadana enfrentaba un embarazo de cuatro meses. Los agentes la sometieron a severas torturas físicas y psicológicas que le provocaron la pérdida involuntaria de su bebé. Además, estas agresiones le dejaron secuelas irreversibles que hoy la mantienen en una silla de ruedas.
En agosto de 2022, tras un proceso judicial carente de garantias, un tribunal la condenó a la pena máxima de 30 años de prisión. Inclusos voceros del propio oficialismo, como el exdirector del SEBIN Manuel Cristopher Figuera, reconocieron públicamente la inocencia de la joven.
Comunidad internacional exige su liberación
Desde el año 2020, organismos multilaterales reclaman su restitución de derechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas de protección a su favor, mientras que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU exigió su liberación inmediata.
Entidades como el Departamento de Estado de Estados Unidos y Amnistía Internacional han emitido acciones urgentes para exigir su libertad y atención médica adecuada, denunciando un patrón continuo de prisión política en Venezuela.
Fuentes consultadas: Amnistía Internacional, CIDH, ONU, Departamento de Estado de EE.UU., Punto de Corte (www.puntodecorte.net).
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