“Dios habla a través de los números”.
— Pitágoras
En 1999, con Hugo Chávez recién investido como presidente, la cantidad de personas privadas de libertad —entre condenados y procesados— era de 33.000, frente a una población nacional de 23.600.000 habitantes. Ese mismo año se aprobó la nueva Constitución Nacional.
Para el año 2002, esa cifra descendió a 11.000 reclusos. Esta caída se debió, entre otras razones, a la aplicación de la nueva carta magna y del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), ambos instrumentos jurídicos de carácter eminentemente garantista.
Una década después, en 2012, la población penitenciaria repuntó a 32.000 detenidos (con una población nacional de 29.600.000 habitantes). Este incremento fue consecuencia directa del aumento de la delincuencia y del inicio de la vulneración sistemática de los mencionados instrumentos jurídicos.
En este año 2026, la cifra se ha disparado a 84.000 privados de libertad, según admitió la propia Delcy Eloína en su discurso de enero durante la apertura del año judicial. Si consideramos que la población oficial es de 33.600.000 habitantes, pero restamos los 8 millones de venezolanos de la diáspora que se vieron obligados a marcharse, el cálculo nos arroja apenas unos 25 millones de personas residiendo físicamente en el territorio.
Política de represión y persecución
Este salto desproporcionado, que triplica los números de 2012, obedece indudablemente a una política de represión y persecución, así como a la utilización del sistema de justicia como herramienta de linchamiento político por parte de Maduro, los Rodríguez y su perro de presa, “Dosdiablos” Cabello.
Por Émile Zola
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