8 de diciembre de 2025.- Tegucigalpa, Honduras – Nueve días después de que más de 2.8 millones de hondureños acudieran a las urnas el 30 de noviembre, el país centroamericano sigue sumido en una incertidumbre electoral sin precedentes. Las elecciones generales de 2025, que eligieron al presidente que gobernará de 2026 a 2030, así como 128 diputados al Congreso y 298 alcaldes, han sido marcadas por un escrutinio presidencial extremadamente ajustado, fallas técnicas en el sistema de conteo y acusaciones cruzadas de irregularidades. Con el 90% de las actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no proclama un ganador oficial, dejando a la nación en un “empate técnico” que ha generado tensiones políticas, intervenciones internacionales y un llamado general a la calma.
El contexto de una elección reñida
Las elecciones de 2025 llegaron en un momento crítico para Honduras, tras el gobierno de izquierda de la presidenta Xiomara Castro, quien no podía postularse a la reelección. La contienda principal se centró en tres candidatos: Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional (PN, conservador); Salvador Nasralla, del Partido Liberal (PL, también conservador, pero con tintes anticorrupción); y Rixi Moncada, de Libre (el partido oficialista, que buscaba continuar la agenda progresista de Castro). Moncada, exministra y considerada la delfina de la presidenta, quedó en un distante tercer lugar con alrededor del 19-20% de los votos, reflejando un voto de castigo al oficialismo por escándalos de corrupción, nepotismo y una economía estancada.
La jornada del 30 de noviembre transcurrió con una participación histórica –la más alta desde 2009–, sin incidentes mayores pese a un clima de tensión previo. Acusaciones de fraude anticipado, un estado de excepción vigente desde 2022 y la polarización política habían elevado las alertas. Observadores internacionales, incluyendo siete congresistas republicanos y dos demócratas de Estados Unidos, así como misiones de la OEA y la UE, validaron la votación como “tranquila y exitosa”. Sin embargo, el verdadero drama comenzó al cierre de las urnas.
Fallas técnicas y un escrutinio que cambia de manos
El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del CNE, responsable de procesar las actas de las 19.000 Juntas Receptoras de Votos (JRV), colapsó casi de inmediato. A las 10:30 p.m. del domingo, con solo el 34% de las actas escrutadas, Asfura lideraba con el 40.61% (530.073 votos), seguido de Nasralla con el 38.79% (506.316) y Moncada con el 19.61%. Pero el TREP se detuvo por “fallas técnicas” atribuidas a la empresa contratada, ASD SAS, afectando al 1.4% de las JRV inicialmente, aunque el problema se extendió.
El lunes 1 de diciembre, el conteo se reanudó a cuentagotas, con interrupciones que duraron hasta 60 horas en algunos momentos. El panorama osciló dramáticamente: Nasralla tomó la delantera con proyecciones propias que lo daban ganador por 120.000 votos, basadas en el 55% de las mesas. Al 62% escrutado, ambos candidatos estaban virtualmente empatados, separados por apenas 3.000 votos. Para el jueves 4 de diciembre, con el 86% de actas procesadas, Asfura recuperó la ventaja con 1.113.253 votos (40.25%) frente a 1.090.016 de Nasralla (39.41%), una diferencia de unos 23.000 sufragios.
La última actualización oficial, divulgada este lunes 8 de diciembre tras una nueva paralización de 60 horas, muestra un avance al 90.06% de escrutinio: Asfura con 1.161.030 votos (40.23%) y Nasralla con 1.139.969 (39.50%), una brecha de 21.061 votos. El CNE, presidido por Ana Paola Hall, ha instado a la “serenidad” y advierte que el proceso completo, incluyendo actas en contingencia y el voto de hondureños en el extranjero (unos 935.000 migrantes en EE.UU.), podría extenderse hasta el 30 de diciembre, como permite la ley. La consejera Cossette López-Osorio enfatizó que el 86.6% de las actas presentan “errores e inconsistencias”, pero atribuye esto a fallos estructurales, no a fraude intencional.
Acusaciones de fraude y la sombra de la interferencia extranjera
La lentitud ha avivado las llamas de la desconfianza. Nasralla, un presentador de televisión convertido en político que aspira por cuarta vez a la presidencia, ha denunciado “desinformación” y “irregularidades técnicas” en el TREP, exigiendo un recuento voto por voto sin pedir la anulación total de los comicios. “No hay que anular las elecciones, pero el país necesita transparencia”, declaró recientemente, descartando acciones extremas, pero alertando sobre una posible “operación coordinada” entre el bipartidismo tradicional (PN y PL) y “injerencia extranjera”.
Esta última alusión apunta directamente a Estados Unidos. El presidente Donald Trump, reelegido en noviembre, respaldó públicamente a Asfura días antes de la votación, llamándolo “el candidato que representa la oposición a los tiranos izquierdistas”. Trump ha tuiteado amenazas veladas: “Honduras intenta cambiar los resultados; habrá problemas si alteran la voluntad del pueblo”. Figuras republicanas como la congresista María Elvira Salazar celebraron los primeros números favorables a Asfura como un “rechazo abrumador al socialismo”. Javier Milei, presidente de Argentina, se alineó con esta narrativa, apoyando a Asfura como baluarte contra la izquierda.
Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y figura del PN, ha mantenido un perfil bajo, pidiendo “paciencia” y confianza en las instituciones. Su compañera de fórmula, María Antonieta Mejía, reiteró: “Esto no se termina hasta el último voto”. Mientras tanto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) han llamado a respetar la institucionalidad. El CNA, en un conteo paralelo con voluntarios, posiciona a Asfura como ganador, coincidiendo con los datos oficiales preliminares.
Implicaciones para Honduras y la región
Esta elección no es solo un duelo personal: representa un referéndum sobre el legado de Castro, marcado por avances en derechos humanos, pero también por frustraciones económicas y migratorias. Un triunfo de Asfura podría alinear a Honduras más con la agenda conservadora de Trump, impactando en migración, remesas y comercio. Nasralla, por su parte, promete una cruzada anticorrupción que resuene con los jóvenes y la diáspora.
Organismos regionales como la Alianza para el Desarrollo Democrático (ADD) y la OEA han exhortado al CNE a garantizar transparencia, con observadores acreditados vigilando el proceso. Mientras el escrutinio avanza –o se estanca–, Honduras aguarda. La ley exige un ganador para el 27 de enero, pero la paciencia se agota. En un país donde la democracia ha sido frágil, este conteo no solo definirá un liderazgo, sino la fe en el voto como herramienta de cambio.
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