Ayer miércoles 22, a las 8:15 p. m., la jueza Alejandra Romero, luego de «consultar arriba», declaró suspendida la audiencia del juicio en el caso PDVSA-Cripto. La funcionaria no pronuncia una sola palabra sin antes informar a alguien que la dirige vía remota; insisto, desde «arriba».
Transcurridas 72 horas desde la juramentación de los abogados, aún no se les ha permitido fotocopiar el expediente para poder elaborar la estrategia de defensa.
Por su parte, el inescrupuloso Fiscal 50, Eddy Rodríguez, balbucea a cada instante que «tiene 3.000 pruebas y 2.500 elementos de convicción». Sin embargo, aún no ha demostrado ni media línea o un solo documento que vincule o incrimine a estas personas con hecho punible alguno.
En este caso, a las víctimas se les han vulnerado, durante tres años y un mes, más de 300 derechos fundamentales. Y, con cada día que pasa, se suman nuevas violaciones.
Curiosamente, en las redes sociales se les declara culpables a priori, sin el más mínimo análisis ni un escrutinio medianamente objetivo. Por fortuna, estas personas están enfrentando este juicio y pidiendo que se haga público —incluso televisado sería plausible— para que el pueblo venezolano sepa la verdad y conozca a los responsables.
¿Será que en este caso específico se le da todo el crédito a lo hecho y dicho por los hoy presos Maduro, Delcy Eloína, Tarek W. Saab y Diosdado Cabello?
Me resulta un tanto extraña y subjetiva la defensa de los derechos humanos en nuestro país. ¿O se trata de defender los derechos de algunos y no los de todos? Recordemos que los violadores son exactamente los mismos. Son los mismos verdugos.
Por Émile Zola E-mail: SoyEmileZola@gmail.com
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