El gobierno salvadoreño admitió ante un grupo de trabajo de la ONU que Estados Unidos mantiene el control sobre un grupo de venezolanos deportados y actualmente detenidos en el controvertido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
La información surgió a partir de documentos judiciales presentados por abogados que representan a más de 100 migrantes venezolanos, quienes buscan revertir sus deportaciones a esta prisión. Este caso forma parte de una serie de desafíos legales contra las duras políticas migratorias implementadas por la administración Trump.
Condiciones en el Cecot y la responsabilidad internacional
En su respuesta a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las autoridades salvadoreñas afirmaron que la jurisdicción y responsabilidad legal sobre los venezolanos deportados corresponden únicamente a Estados Unidos, país que los envió a El Salvador.
Los migrantes fueron deportados en marzo pasado, pese a que un juez estadounidense había ordenado suspender sus vuelos de deportación. La administración Trump sostiene que, una vez fuera de EE. UU., los migrantes ya no disfrutan de garantías constitucionales ni del debido proceso, lo que genera controversia internacional.
Estas declaraciones reavivan las críticas sobre las condiciones del Cecot y el papel de Estados Unidos en las deportaciones de latinoamericanos, en un contexto donde EE. UU. firmó en marzo un acuerdo de 6 millones de dólares para que El Salvador albergara a 300 migrantes.
Controversia por deportaciones y acuerdos bilaterales
El acuerdo, que ha sido motivo de debate, fue justificado por Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa del siglo XVIII, para acelerar las deportaciones de hombres vinculados con el grupo criminal venezolano Tren de Aragua.
En meses recientes, varias organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron una demanda contra dicho acuerdo, argumentando que dejar a los deportados fuera del alcance de la justicia estadounidense viola derechos constitucionales.
La revelación oficial contradice versiones anteriores de ambos gobiernos, generando dudas sobre la transparencia y protección de los derechos de los migrantes en estos procesos.
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