Bogotá, 20 de octubre de 2025. — Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, lleva más de dos décadas atrapada en un ciclo sin salida: los cultivos de coca se expanden, los grupos armados se fortalecen a su sombra y la ausencia del Estado perpetúa un negocio que desangra al país.
Desde el Plan Colombia en el año 2000 —respaldado por más de US$10.000 millones de ayuda estadounidense— los gobiernos han prometido erradicar los llamados “campos de muerte”. Sin embargo, los resultados son decepcionantes: en 2023, el país alcanzó un récord de 253.000 hectáreas de coca (+10 % frente a 2022), que producen 2.664 toneladas de cocaína (+53 %).
El reciente choque diplomático entre Washington y Bogotá, que llevó a la suspensión de US$210 millones en cooperación y a amenazas de sanciones comerciales, refleja una frustración global: dos décadas de esfuerzos que no logran frenar el corazón económico del narcotráfico.
“Colombia enfrenta un rompecabezas institucional. Se exige erradicar la coca, pero el propio marco legal, ambiental y social lo impide”, explica Juan José Rodríguez politólogo, de la Universidad Javeriana.
Un problema arraigado: La Coca como motor de violencia
Desde los años 80, la coca financia las guerras internas del país. Aunque el Plan Colombia (2000–2016) logró reducciones temporales, nunca atacó las causas estructurales: la pobreza extrema —que supera el 60 % en zonas como el Catatumbo—, la falta de carreteras y la presencia de grupos armados (ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo).
Tras los primeros ceses al fuego en 2021, los cultivos crecieron un 43 %, y en 2023 alcanzaron su máximo histórico. Nuevas técnicas químicas —importadas desde México— aumentaron los rendimientos hasta en 50 % por hectárea.
“El narcotráfico es un ecosistema completo: los cultivos sostienen a los grupos armados, y estos garantizan su expansión mediante la violencia”, resume Rodríguez.
Solo en 2025, 107 policías murieron en operaciones antinarcóticos, y más de 48.000 personas fueron desplazadas por enfrentamientos entre el ELN y disidencias en el Catatumbo.
La estrategia de Petro: ¿Solución o Incentivo perverso?
La política de “Paz Total” impulsada por el presidente Gustavo Petro apuesta por la sustitución voluntaria de cultivos. Cada familia recibe alrededor de US$350 mensuales dentro del programa PNIS, nacido del Acuerdo de Paz de 2016, para cambiar coca por cacao o café.
Petro suspendió las fumigaciones con glifosato, prohibidas desde 2015 por la Corte Constitucional por sus riesgos ambientales y sanitarios, y limitó la erradicación forzosa.
El resultado: en 2024 solo se erradicaron 9.403 hectáreas (una caída del 86 % frente a 2022), el nivel más bajo en diez años.
Para 2025, la meta oficial de 50.000 hectáreas exige multiplicar el ritmo actual por 45 veces.
El PNIS, sin embargo, solo ha beneficiado al 3 % de las familias inscritas tras ocho años, lo que ha alimentado la percepción de que producir coca sigue siendo más rentable y seguro que erradicarla.
En las zonas cocaleras, una hectárea de coca produce US$1.500 anuales, frente a US$300 del café, en regiones sin vías, seguridad ni compradores estables.
Petro defiende su enfoque: “No se puede criminalizar al campesino que solo busca sobrevivir”.
Pero para Rodríguez, el diagnóstico es distinto:
“La pobreza no es causa, sino consecuencia del dominio armado. Mientras los grupos armados irregulares controlen el territorio, cualquier programa de sustitución está condenado al fracaso”.
Barreras Legales: ¿Protección o Pretexto?
La erradicación enfrenta un laberinto de restricciones judiciales y sociales. Desde 2015, la Corte Constitucional prohibió las aspersiones aéreas con glifosato. Además, el Convenio 169 de la OIT obliga a consultas previas con comunidades indígenas y afrodescendientes, bloqueando cerca del 20 % de las operaciones.
Las autoridades locales denuncian que algunos grupos armados utilizan esta figura para camuflar actividades ilícitas bajo discursos étnicos o comunales.
Mientras tanto, los erradicadores son blanco de ataques. En 2025, más de 100 agentes murieron en zonas de erradicación manual.
Según la ONU, el desafío no se resolverá sin inversión rural sostenida, calculada en US$2.000 millones anuales para garantizar vías, escuelas y mercados.
La Paz Total y el Desgaste Militar
Los ceses al fuego con el ELN y las disidencias de las FARC colapsaron a mediados de 2025, provocando un repunte del 21 % en la violencia y nuevos desplazamientos.
El presupuesto de defensa cayó un 10 %, y el ejército enfrenta limitaciones logísticas.
“El Estado negocia con quienes se financian del narcotráfico, sin capacidad de imponer autoridad”, advierte Rodríguez.
La oposición pide retomar la ofensiva militar, pero organizaciones de derechos humanos temen una nueva ola de masacres.
Una Frustración compartida
El desencuentro diplomático con Estados Unidos, que suspendió parte de la cooperación antidrogas, refleja una tensión de fondo: la fatiga global ante el fracaso de la guerra contra la cocaína.
Mientras Washington insiste en resultados medibles, Bogotá busca enfoques sociales y ambientales.
Petro afirma que la estrategia militar “solo ha multiplicado la violencia” y presume de incautaciones récord (884 toneladas en 2024).
Pero el aumento del 71 % de la producción mundial atribuida a Colombia deja una conclusión incómoda: el país sigue siendo el eje del mercado.
¿Una Salida posible?
La ONU y la organización WOLA plantean una ruta mixta:
- erradicación selectiva con control civil,
- inversión rural sostenida,
- y acciones simultáneas contra los grupos armados.
En algunas zonas piloto, los homicidios han caído 20 %, pero la expansión de los cultivos muestra que el camino aún es largo.
Mientras Colombia no rompa el vínculo entre pobreza, coca y violencia, seguirá atrapada en un ciclo que ni la guerra ni la negociación han logrado resolver.
Fuentes: UNODC, MinDefensa, informes ONU 2023–2025, análisista de la Universidad Javeriana.
Este artículo original de PDC puede ser reproducido solo dando crédito al autor y al medio.
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