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Tras la captura de Nicolás Maduro y la apertura petrolera impulsada por Donald Trump, la expectativa de mejora económica en Venezuela es alta. Sin embargo, el mayor anhelo de la población sigue siendo el rescate del poder adquisitivo. Actualmente, el salario mínimo y las pensiones permanecen anclados en 130 bolívares (USD 0,37) desde 2022, el ingreso más bajo de América Latina.
Organizaciones como Provea y Monitor Sindical exigen fijar el salario en al menos USD 300, recordando que la Constitución obliga a un ingreso digno que cubra la canasta básica, estimada hoy en USD 550. Pese a esto, el Ejecutivo —ahora bajo tutela externa— mantiene la política de “bonificación”, depositando complementos que suman USD 160 pero que no inciden en prestaciones.
¿Por qué no aumenta el salario mínimo?
Expertos advierten que un aumento masivo es inviable sin una reforma estructural profunda:
- Inviabilidad fiscal: El economista Asdrúbal Oliveros señala que el Estado, con 2 millones de empleados y 4 millones de pensionados, carece de ingresos para pagar sueldos dignos. “Hace falta una reforma del Estado”, sostiene.
- El nudo de las prestaciones: Luis Vicente León (Datanálisis) y Jorge Roig (Fedecámaras) coinciden en que la Ley del Trabajo actual bloquea las mejoras. El recálculo retroactivo de prestaciones hace que cualquier aumento sea impagable para empresas y el Estado.
- Propuesta patronal: Fedecámaras sugiere una Ley de Emergencia Laboral para aumentar sueldos sin que estos impacten momentáneamente en las prestaciones, permitiendo dinamizar el consumo.
Mientras el sector petrolero se reactiva, los analistas prevén que los ajustes sigan llegando vía bonos del Sistema Patria durante 2026, mientras se posterga la discusión política sobre el marco laboral.
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