Caracas, 11 de abril de 2022
CesarPerezVivas
Para el socialismo del siglo XXI el poder y el país han sido un botín. A él accedieron los revolucionarios para la concupiscencia, el establecimiento de una hegemonía autoritaria y el saqueo de sus riquezas. Por lo tanto ese botín debe ser repartido entre sus cabecillas.
A los fines de garantizar su impunidad y su permanencia indefinida en el poder, han hecho del sistema de justicia uno de los objetivos fundamentales de su control hegemónico. Desde el momento de la instalación en Miraflores de Hugo Chávez el poder judicial, junto al control militar, fue uno de los tesoros más buscados por la nueva camarilla gobernante.
Los tribunales fueron asaltados con el hipócrita discurso de “saneamiento del sistema de justicia” mediante un decreto, contrario a los principios generales del derecho, de la Asamblea Nacional Constituyente del 19 de agosto de 1999.
Pero la lucha por el botín de la justicia continua, ahora con mayor crudeza, en el seno del régimen socialista. La semana anterior el ciudadano Pedro Carreño, conspicuo integrante de la camarilla roja en ejercicio de funciones parlamentarias en la actual asamblea oficialista, puso en evidencia el mar de fondo existente en torno a la alardeada reforma del sistema de justicia.
Desde el mes de agosto del año pasado, el representante de Nicolás Maduro en la mesa de simulación (negociación) instalada en México, había comprometido la palabra del gobierno socialista de abordar un proceso de acuerdos, para adelantar una reforma qué permitiera contar con sistema de justicia independiente, de elevada calidad técnica y con solvencia moral.
Sin atender a esa compromiso, el mismo Jorge Rodríguez, impulsa desde la ilegal e ilegítima Asamblea Nacional, que él preside, un atropellado e inconstitucional proceso para modificar, nuevamente, el Tribunal Supremo de Justicia.
A tal efecto se ha procedido a una reforma legal para volver a un tribunal de 20 magistrados. En el año 2004 el difunto presidente Chávez ordenó elevarlo a 32 magistrados para obtener su sumisión. En ambas circunstancias las excusas para impulsar dichas reformas legales fue la misma, y en el fondo la motivación era y es exactamente la misma.
Entonces se dijo que se buscaba mejorar la calidad ética, profesional y el desempeño del tribunal. Igual argumento presentan ahora. La verdad es que entonces y ahora, solo los mueve el interés en el control político, ya directo y personal de los jerarcas de la camarilla roja.
No otra cosa se deriva de las declaraciones del inefable Pedro Carreño, erigido ahora en sumo sacerdote de la ética en la política y en el sistema de justicia. No cabe duda que las seis reformas judiciales impulsadas desde 1999, con la Asamblea Constituyente de aquella época, hasta la que está en curso, no se han adelantado con el patriótico objetivo de instaurar un sistema judicial eficiente, honesto y autónomo. Solo se ha buscado su control por parte de los jefes políticos y militares de la dictadura, hasta el punto que ya ha derivado en verdaderas “mafias judiciales” tal y como las has calificado el citado diputado.
La pugna por el control del TSJ está, al momento en que escribo estas notas, en pleno desarrollo. Ha sido tan cruenta la disputa que estos temas ordinariamente manejados en los claustros oscuros del régimen, han salido a la luz pública con las declaraciones de Carreño.
El conspicuo representante del militarismo socialista no ha dicho nada que no conociéramos los venezolanos. Solo que él ha reconocido, cuestión poco común en la camarilla, que el sistema judicial venezolano derivó a una mafia pestilente donde toda decisión se tranza en divisas y donde conspicuos camaradas han instaurado un sistema de extorsión bajo el disfraz de obediencia a la cúpula roja.
La semana de pascua será el momento en el que conoceremos los resultados de esa cruenta lucha por el control del sistema de justicia, que en estos días de la Semana Santa se continúa librando en las entrañas del régimen, para la designación de los 20 magistrados que ahora conformarán el Tribunal Supremo de Justicia.
Por supuesto que para nada se hará caso a los mandatos de la Constitución en cuanto a los requisitos para integrar el máximo tribunal de la República. Será un vulgar reparto de plazas entre los sectores en pugna. Para nada se buscará la independencia y calificación de los magistrados. Todo lo contrario, será seleccionados los más incondicionales con los jefes de la cúpula roja. Por lo tanto su idoneidad ética y científica no importa para nada.
Para el socialismo del siglo XXI la ética, la capacidad, los méritos y la trayectoria no son precisamente valores guías en la conducción del estado. Solo importa su incondicional y acrítica sumisión los dictámenes del poder.
Este nuevo episodio por el control del poder nos debe mover a los venezolanos democráticos a una reflexión sobre el destino de nuestra nación. No podemos seguir difiriendo la unión de la sociedad democrática para conquistar el anhelado cambio en la conducción del estado. La justicia es un pilar fundamental de una República democrática y moderna. Bien lo expresó el libertador, Simón Bolívar: “La justicia es la reina de las virtudes republicanas, y con ellas se sostienen la igualdad y la libertad”.”
Comprometamos nuestro esfuerzo a lograr la reconstrucción de la República, impulsando la lucha política con la cual conquistemos la democracia.
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