Reportes de investigación de Human Rights First, El Nuevo Herald y Univisión Arizona han puesto al descubierto una alarmante práctica de la administración estadounidense: la deportación de ciudadanos venezolanos hacia México y otros terceros países, ignorando su derecho a la repatriación directa y alimentando un sistema de lucro privado a costa del sufrimiento migrante.
El negocio de la deportación
De acuerdo con un reporte publicado por Univisión Arizona el pasado 08 de enero, la aerolínea Avelo Airlines anunció el cese de sus operaciones de deportación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, la razón del retiro no responde a una objeción de conciencia, sino a la falta de márgenes de ganancia.
Un portavoz de la empresa detalló que el programa “no generó suficientes ingresos consistentes y predecibles para superar su complejidad operativa y sus costos”. Por su parte, el director ejecutivo de la aerolínea, Andrew Levy, admitió en un comunicado interno que el movimiento buscaba una “estabilidad financiera” que finalmente los colocó en el centro de una fuerte controversia política.
Avelo, que firmó el acuerdo en abril de 2025 y comenzó operaciones en mayo, se convirtió en una pieza clave de un engranaje que convirtió la separación de familias en una línea de ingresos corporativos, operando casi uno de cada cinco vuelos de control migratorio en EE. UU. durante 2025.
Vulneración del Derecho
Tras la suspensión unilateral de vuelos directos a Caracas desde el pasado 12 de diciembre y el recrudecimiento de las tensiones políticas tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, el gobierno de Estados Unidos ha optado por “desechar” a los migrantes en territorios ajenos.
Testimonios recogidos muestran un patrón de deshumanización:
- Destinos de alto riesgo: Inmigrantes detenidos en Texas están siendo entregados a autoridades mexicanas, quienes los trasladan en autobús a zonas como Villahermosa y Palenque, regiones azotadas por la violencia y el crimen organizado de acuerdo con el diario El Nuevo Herald.
- Ofertas ilegales: Agentes migratorios han llegado a ofrecer traslados a países sin vínculos culturales o lingüísticos con las víctimas, incluyendo naciones de África oriental como Uganda.
- Pérdida total de patrimonio: Casos como el de Omar Vergara Flores, quien perdió su hogar y proyectos de vida en Austin, EEUU. tras su detención, evidencian que el sistema no solo expulsa, sino que despoja de toda dignidad y propiedad al individuo antes de su salida.
Cifras de una maquinaria sin frenos
El reciente informe del Monitor de Vuelos de ICE de Human Rights First califica esta escala de deportación como “ilegal y cruel”.
“Estas cifras revelan una maquinaria que opera a una escala nunca antes vista. El sistema no solo es cruel, sino cada vez más ilegal al enviar a personas a países que no son los suyos”, afirmó Savi Arvey, Directora de Investigación en Human Rights First.
La escala de la operación logística es masiva. Desde el 20 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, la administración Trump realizó 13,446 vuelos de control migratorio, lo que representa un incremento del 84% en comparación con el año anterior.
“En diciembre se realizaron tres vuelos de mudanza a Venezuela que sacaron a 654 personas, antes de que se suspendieran los vuelos dos veces por semana después del 10 de diciembre (y no se hayan reanudado hasta el día de hoy). Desde que se reanudó en febrero de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo un total de 76 vuelos de expulsión a Venezuela, deportando a 14.310 personas, entre familias y niños” estos hallazgos claves que redacta el informe de Human Rights First.
La interrupción de estos trayectos a finales de año no detuvo la maquinaria; simplemente la desvió hacia terceros países, violando el principio de que todo migrante tiene derecho a ser retornado a su nación de origen bajo condiciones de seguridad, o en su defecto, a recibir asilo si su vida corre peligro.
Llamado a la rendición de cuentas
Las organizaciones exigen transparencia inmediata sobre los acuerdos de externalización de fronteras con México y otros gobiernos. Estos hechos evidencian la complicidad entre agencias gubernamentales, contratistas privados y aerolíneas creando un ecosistema donde la deportación es un producto financiero y el migrante, la mercancía.
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