Washington, 20 de marzo de 2026.- El Departamento del Tesoro de EEUU extendió este jueves 19 de marzo de 2026 una licencia que protege a la refinería Citgo Petroleum —propiedad de Venezuela— de acciones de acreedores hasta el 5 de mayo de 2026, según un anuncio publicado en el sitio web del Tesoro.
La medida, emitida a través de la General License 5V (Venezuela-related), pospone temporalmente cualquier ejecución de reclamos judiciales sobre las acciones de Citgo Holding Inc., la matriz de Citgo Petroleum con sede en Houston. Esta extensión llega un día después de que EEUU emitiera la General License 52, que autoriza de manera amplia a compañías estadounidenses a realizar negocios con PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), la empresa estatal matriz de Citgo.
Contexto de alivio de sanciones y futuro incierto de Citgo
La decisión forma parte de una serie de pasos del gobierno estadounidense para facilitar la inversión y el aumento de la producción petrolera en Venezuela, especialmente tras eventos geopolíticos clave en 2026, como la captura de Nicolás Maduro. Citgo, octava refinería más grande de EEUU con capacidad de 807.000 barriles diarios, representa uno de los activos más valiosos de Venezuela en el exterior y ha estado en el centro de litigios desde 2019.
Acreedores —incluyendo tenedores de bonos PDVSA y demandantes como Crystallex— buscan ejecutar garantías sobre acciones de Citgo para cobrar deudas por incumplimientos venezolanos. Un proceso de subasta judicial avanza, con una oferta condicional de 7.300 millones de dólares de un afiliado de Elliott Investment Management pendiente de aprobación. Sin embargo, cualquier ganador requiere una licencia específica de OFAC para levantar las protecciones actuales y ejecutar la venta ordenada por el juez.
Expertos ven esta prórroga como una herramienta para mantener el control estadounidense sobre Citgo mientras se evalúan opciones diplomáticas y energéticas. La licencia no resuelve el litigio de fondo, pero evita una incautación inmediata y da margen para negociaciones o ajustes en la política hacia Venezuela. Si no se renueva más allá del 5 de mayo, los acreedores podrían avanzar en la ejecución de sus reclamos, lo que impactaría el panorama energético regional.
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