El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó este fin de semana que el Tratado de Extradición firmado con Venezuela en 1922 se mantiene plenamente vigente. Según fuentes oficiales, este acuerdo centenario constituye la base legal fundamental para cualquier solicitud de entrega de fugitivos entre ambas naciones, marcando un nuevo punto de tensión jurídica en el marco de la transición política actual.
El tratado, ratificado hace más de un siglo, establece el marco para procesar a personas acusadas o condenadas por delitos graves. Sin embargo, su aplicación choca directamente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual prohíbe de manera absoluta la extradición de sus nacionales hacia otros Estados.
Conflicto de normas: Derecho Internacional vs. Constitución
- Postura de Washington: Para el Departamento de Estado, el acuerdo bilateral es la norma rectora bajo el derecho internacional, lo que permitiría a EE. UU. emitir solicitudes formales de entrega para exfuncionarios y ciudadanos vinculados a tramas de corrupción o narcotráfico.
- Limitación local: El artículo 69 de la carta magna venezolana es el principal obstáculo legal para la presidenta encargada. Delcy Rodríguez, quien enfrenta presiones para facilitar el traslado de figuras clave del entorno de Maduro a territorio estadounidense.
- Jurisprudencia: Expertos destacan que, aunque el tratado es histórico, su ejecución depende de tribunales que deben equilibrar las obligaciones internacionales con las garantías modernas de derechos humanos y el debido proceso.
Este cruce de interpretaciones surge en un momento donde Washington busca procesar a figuras como. “Nicolasito” Maduro y otros nueve altos cargos, intentando implementar esquemas de “traslado de custodia” que eviten el término formal de extradición para no fracturar la frágil estabilidad del nuevo gobierno interino.
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