Un informe del Departamento de Estado de EE.UU. revela un grave retroceso en los derechos humanos en Venezuela tras las elecciones presidenciales de 2024. El gobierno de Nicolás Maduro enfrenta acusaciones por violaciones sistemáticas, incluyendo torturas, desapariciones forzadas y detenciones ilegales. Estas prácticas, documentadas como parte de una estrategia de represión, afectan a opositores, periodistas y ciudadanos comunes. El reporte destaca restricciones severas a la libertad de expresión, agresiones a la prensa y el reclutamiento ilegal de niños por grupos armados afines al régimen. La situación refleja un patrón de persecución política que intensifica la crisis humanitaria en el país.
Agravamiento de las desapariciones forzadas
El informe señala un aumento alarmante de desapariciones forzadas, especialmente tras los comicios de 2024. Las autoridades venezolanas ejecutan detenciones arbitrarias sin órdenes judiciales, negando información sobre el paradero de las víctimas. Estas acciones, que incluyen torturas y tratos inhumanos, buscan silenciar a disidentes. Organismos como el Sebin y la Dgcim lideran estas operaciones, afectando incluso a extranjeros, lo que sugiere un uso político de estas detenciones para negociaciones internacionales.
Represión a la libertad de expresión
EE.UU. denuncia restricciones drásticas a la libertad de prensa, con agresiones y arrestos a periodistas. La persecución se extiende a activistas y opositores, acusados sin pruebas de delitos como “terrorismo”. El informe también alerta sobre el trabajo infantil y redes de trata de personas, sin medidas efectivas del gobierno. En Cuba, aliado de Maduro, se reportan problemas similares, incluyendo trabajo forzoso y limitaciones religiosas. La comunidad internacional debe actuar para exigir justicia y frenar estas violaciones.
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