El OVP denuncia la muerte de Antonio Manzano en el Zulia, elevando a diez la cifra de presos fallecidos bajo la custodia del régimen en menos de quince días.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció recientemente la lamentable muerte de Antonio José Manzano en el centro de reclusión El Marite, ubicado en Maracaibo.
Este ciudadano falleció debido al grave deterioro de su salud física tras no recibir la atención médica necesaria durante su tiempo de privación de libertad. Con este nuevo caso, la cifra total de personas fallecidas bajo la responsabilidad directa de la administración actual sube a diez víctimas en apenas catorce días.
La organización de derechos humanos señala que estas muertes ocurren en condiciones de reclusión que vulneran los derechos fundamentales y la integridad física de los ciudadanos.
Los incidentes documentados incluyen tragedias en centros como Yare III, El Rodeo y Uribana, donde la violencia o la desatención sanitaria marcan el destino final de los detenidos.
El Estado venezolano incumple su deber constitucional de proteger la vida de quienes están bajo su tutela judicial permanente.
Cada fallecimiento reciente refuerza la preocupante opacidad oficial sobre el manejo real de los centros penitenciarios nacionales actualmente.
Investigación urgente por los diez reclusos mueren bajo custodia
Los familiares de las víctimas en Yare III cuestionan duramente las versiones gubernamentales sobre supuestos motines internos ocurridos en las instalaciones carcelarias.
Los cuerpos de los fallecidos presentaban heridas por armas de fuego, lo cual contradice directamente los relatos emitidos por las autoridades del Ministerio de Prisiones.
Además, el Observatorio Venezolano de Prisiones documentó muertes adicionales en Tocuyito y Lara por enfermedades tratables que nunca recibieron el debido control facultativo.
La organización exige respuestas claras al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo ante esta ola de decesos evitables en el país. El sistema penitenciario actual representa un riesgo mortal para cualquier persona debido a la ausencia de políticas efectivas de salud y seguridad interna.
Actualmente, se recopilan pruebas detalladas sobre cada caso particular para elevar las denuncias correspondientes ante organismos internacionales de justicia y derechos humanos.
La falta de responsables identificados fomenta un ciclo de impunidad que agrava la crisis humanitaria dentro de los recintos de detención estatales. Es imperativo que los jueces de ejecución cumplan su rol de garantes frente a esta violación sistemática del derecho fundamental a la vida.
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