Caracas, 18 de agosto de 2021
@leandrotango
Permítanme señalar algo que, probablemente, a muchos opositores no les gustará. Gobierno es quien ejerce el control de la administración de los recursos y bienes de la nación, además de otras facultades. En consecuencia, en Venezuela el gobierno lo ejerce el chavismo encabezado por Nicolás Maduro. El solo hecho de ser gobierno no legitima ni legaliza, pues existen gobiernos ilegales, ilegítimos, de facto, no reconocidos, entre otros. Por otro lado, la palabra “régimen” se refiere a la forma de administración, al orden, a la institucionalidad, es decir, a la democracia, a la tiranía, monarquía, etcétera. Cuando nos referimos al chavismo como “régimen” es simplemente una pequeña protesta ante su retención ilegal e ilegítima del poder y a su ominosa forma de “administrar” emparentada con el castrismo y otros regímenes similares.
Ahora bien, con Guaidó ocurre algo por igual complejo. Él posee reconocimiento de casi todas las naciones de occidente y más allá, sin embargo, no posee gobierno, pues dentro de Venezuela carece de todo tipo de control sobre la administración de los recursos y bienes nacionales, en el exterior dicho control sobre ciertos activos en el extranjero está muy condicionado, limitado. En consecuencia, Guaidó es un presidente con reconocimiento, pero sin gobierno, ni régimen… Lo de Venezuela no es nada sencillo.
Entrando en materia, los 8 puntos que rigen el “diálogo” en México son alarmantes, pues buscan estabilizar al régimen. Sí los primeros 3 puntos, considerados los medulares, a decir: “Derechos políticos para todos, garantías electorales para todos, cronograma electoral para elecciones observables”, giran en torno a las regionales/municipales del 21N es sumamente trágico, porque daría por sentado que las elecciones precedentes tienen validez, cosa que, a parte de ser absurdo, permitiría al régimen acceder al inmerecido reconocimiento.
La única vía honesta a los fines del Estado, de los venezolanos, sería pactar un CNE imparcial que, luego de depurar todo lo inherente a lo electoral en el país (REP, software, registros Onidex, Saime, entre otras acciones) convoque elecciones parlamentarias conforme a la ley y preceptos democráticos, pues el parlamento nacional es el único órgano capaz de reinstitucionalizar al país.
Otro punto álgido es el “levantamiento de sanciones junto a la pretendida restauración de derechos a activos” por parte del régimen ¿Cómo levantar sanciones, permitir el acceso a activos, sí la retención del poder desde hace tiempo es a través de la violencia institucionalizada? Mientras dicha retención continúe siendo bajo este oscurantismo no debe haber ningún avance en este punto, sería premiar al régimen, perdonarlo gratuitamente. Todos los venezolanos deseamos se levanten las sanciones y hacer gala de un gobierno plenipotenciario, pero para ello debe obtener el poder legal y legítimamente, sobre todo, gobernar conforme a la ley y la democracia (institucionalidad).
Otro ítem sumamente amenazante contra Venezuela es “la convivencia política y social”, puede significar muchas cosas, la peor es otorgarle el anhelado reconocimiento al régimen, aceptar y acudir al 21N, al presunto revocatorio 2022 (o 2023) con las instituciones psuvizadas de hoy, imponiendo a los venezolanos, gracias a un grisáceo pacto opositor – castrismo venezolano, gobernantes quienes por más de 20 años han destruido al país, por acción u omisión (incluimos a líderes opositores cómplices).
De este modo, sí el diálogo gira en torno a elecciones en condiciones absurdas de desinstitucionalización, el régimen lo que estaría tramando en tierras aztecas sería su segundo “Plan de la Patria” ¡Mucho cuidado!
*Punto de Corte no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus autores, quedando entendido que son responsabilidad de sus autores
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