Denuncian arresto ilegal contra el opositor y abogado Marlon Maya en Barinas

Denuncian arresto ilegal contra el opositor y abogado Marlon Maya en Barinas

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Fundehullan denunció la arresto del abogado Marlon Maya en Barinas. Exigen su libertad inmediata y el cese de las detenciones políticas.

La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) denunció el arresto del abogado Marlon Maya en el estado Barinas.

Agentes del Estado capturaron al dirigente de Vente Venezuela en su propio local comercial durante la noche del viernes. La organización civil confirmó que los funcionarios actuaron sin presentar orden judicial ni comprobar flagrancia alguna.

Esta actuación viola de forma directa el derecho a la libertad personal y el debido proceso garantizados en la Constitución.

Por ello, la ONG exigió el cese inmediato de la persecución política contra activistas opositores en la región llanera.

Exigen garantías de integridad para el abogado Marlon Maya en Barinas

Diversas organizaciones independientes advierten sobre un incremento sostenido de la represión estatal en las últimas semanas.

La Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas respalda estos señalamientos mediante sus informes periódicos. A pesar de las excarcelaciones anunciadas este año tras la captura de Nicolás Maduro, las ONG continúan registrando nuevos casos de encarcelamiento.

Un ejemplo reciente ocurrió con el sindicalista Orlando Ramírez, a quien liberaron en una carretera tras estar desaparecido durante un mes.

El Foro Penal contabiliza actualmente más de 300 personas detenidas por motivos políticos en todo el territorio nacional.

El Ejecutivo nacional niega rotundamente la existencia de presos de conciencia en las cárceles venezolanas.

Portavoces oficiales sostienen que los tribunales juzgan exclusivamente a personas que cometieron delitos comunes. Sin embargo, defensores de derechos humanos exigen respeto a la integridad física de Marlon Maya y solicitan su liberación inmediata.

Las plataformas internacionales mantienen la vigilancia estricta sobre los procedimientos policiales en el interior del país. La comunidad internacional monitorea de cerca esta situación para presionar por el cumplimiento de los tratados de derechos humanos.

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