27 mayo, 2024

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Derechos En Acción | Juan González Taguaruco: Derechos Humanos, Régimen Penitenciario e Internado Judicial Capital El Rodeo I (La Nueva Ergástula de Máxima Seguridad)

Derechos Humanos, Régimen Penitenciario e Internado Judicial Capital El Rodeo I (La Nueva Ergástula de Máxima Seguridad)
Derechos Humanos, Régimen Penitenciario e Internado Judicial Capital El Rodeo I (La Nueva Ergástula de Máxima Seguridad)

Derechos Humanos, Régimen Penitenciario e Internado Judicial Capital El Rodeo I (La Nueva Ergástula de Máxima Seguridad).

En un entorno turbio de infracciones al orden jurídico, pareciera que la instrumentalización del ser humano puede llegar al paroxismo. Así las cosas, el día 4 de abril de 2024 se anuncia el traslado, entre otros, del Capitán Juan Carlos Caguaripano Scott al Internado Judicial Capital El Rodeo I.

En principio, la destinación de un recluso a un centro de detención diferente, por imperativo del Código Orgánico Penitenciario, debe ser consecuencia de una decisión judicial emanada del Juzgado a cuya orden la persona se encuentra detenida. Así lo postula el artículo 125.1 del Código Orgánico Penitenciario; instrumento normativo, propuesto, discutido, promulgado y sancionado en revolución.

Luego, pareciera más que obvio, que la administración penitenciaria venezolana debería estar muy bien informada y documentada, sobre los criterios que han determinado las decisiones que han emanado de un parlamento que debe haber resulto la sanción de un texto normativo congruente con las necesidades del Ministerio del Poder Popular para el Servicio penitenciario, a cuyo ejecutivo se adscribe.

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Sin embargo, es la administración penitenciaria la que decide el destino del recluso, y los jueces, lamentablemente, toleran dicha decisión y no hacen absolutamente para el restablecimiento de la infracción al orden jurídico, conel agravante, que no ejercen el control que les resulta inherente por mandato del artículo 471.3 del Código Orgánico Procesal Penal.

La única forma habilitación que tiene la Administración para disponer el traslado “interestablecimiento penitenciario” de un interno, es por razones disciplinarias, que deben ser impuestas previo trámite de un procedimiento administrativo sancionatorio, y que deben ser notificadas al interno, quien además, puede recurrirlas, toda vez, que conforme al principio de universalidad del control de los actos que emanan de la administración, dichos actos están sujetos a revisión judicial.

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El traslado de presos políticos al Internado Judicial capital El Rodeo I, no fuera una situación tan escandalosa, sino fuera por el hecho, que se ha venido denunciando que en dicho centro de reclusión, los internos han referido:

  1. No haber visto el rostro a ninguno de las personas a cargo de su custodia.
  2. Que la alimentación es tan precaria que han perdido peso.
  3. Agua en muy limitadas cantidades e insalubre que produce enfermedades estomacales.
  4. Permanecen las veinticuatro (24) horas del día confinados en una celda.
  5. En dichas celdas duermen sobre una superficie descubierta, sin sabanas, almohadas o cobijas.
  6. Cada quince (15) minutos aproximadamente, pasa un funcionario golpeando las rejas, lo que impide se pueda conciliar el sueño.
  7. No ha sido posible acceder a sus medicamentos, elementos de aseo personal, y otros alimentos diferentes a los que son dispensados por la Administración penitenciaria, los que deben consumir con las manos ante la prohibición de usar algún tipo de cubertería.
  8. En la celda cuentan con una letrina, lugar donde además deben asearse.
  9. Al no contar con elementos de aseo personal, ni siquiera papel sanitario, con las mismas manos con las que se deben lavar, deben comer; situación inaceptable ante la carencia de las mínimas condiciones sanitarias; lo anterior, denunciado por el General Héctor Hernández Da Costa en audiencia celebrada ante la Sala Especial Segunda de la Corte de Apelaciones de Terrorismo en Caracas.
  10. En cada ocasión en que deben salir de la celda, lo hacen sometidos y encapuchados.
  11. La visita se verifica por apenas quince (15) minutos, siendo conducido hasta un sitio, donde separados por una suerte de cristal y se comunican a través de un teléfono donde las conversaciones son monitoreadas.
  12. En este contexto, en la visita de los abogados, no se permite que los profesionales del derecho ingresen con documentos, papel o bolígrafos, con el agravante que la visita apenas dura quince (15) minutos; luego, ¿Es factible trabajar en una defesa efectiva en tales condiciones?
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Lo anterior, aunado a una suerte de criminalización presunta de los abogados, a quienes para ingresar a dicho establecimiento se les requisa y se les encapucha, siendo conducidos al interior de dicho recinto “guiados” por los carceleros encapuchados y anónimos.

La excusa para tales arbitrariedades es que se trataría de un penal de “Máxima Seguridad”, luego, pareciera que a contravía de lo que recomiendan las buenas prácticas penitenciarias, se privilegia la seguridad por encima del tratamiento en el caso de los penados; y el régimen por encima de los deberes de asistencia para el caso de los imputados, y resulta, que la lógica es inversa.

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La reclusión, sea con carácter preventivo o con ocasión al cumplimiento de una pena corporal, de alguna manera pone en cuestión el disfrute y ejercicio de los derechos humanos no afectados con la aplicación de la pena o de la detención con carácter preventivo, pero la tarea de la Administración Penitenciaria y de la Administración de Justicia, es ejecutarla, pero de una forma, que en los posible, no se extienda a la restricción de otros derechos diferentes de la libertad deambulatoria, que se trata del único derecho que se restringe con la aplicación de la pena o de la medida de privación de libertad con carácter preventivo.

Twitter: @gonzaleztjuan

Juan González Taguaruco es Abogado. Especialista en Derecho Penal y Administrativo. Curioso del Derecho Médico. Ex-Juez Penal. Activista de DDHH en la Ong JuyProVen @JuyPro

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