El destino de Citgo Petroleum quedó en una pausa forzada, tras la decisión del Departamento del Tesoro de EE.UU. mediante la OFAC. La entidad decidió congelar sus activos y prohibir cualquier movimiento de sus acciones hasta el 3 de febrero de 2026.
Esta medida busca blindar los recursos de la refinería venezolana, evitando transacciones que puedan afectar sus propiedades. La decisión impacta directamente en la posible venta de la compañía, paralizando las negociaciones en curso y creando un escenario de incertidumbre para los inversionistas y las partes interesadas. La medida refleja la política de EE.UU. para controlar activos venezolanos en medio de las sanciones.
Impacto en la subasta y las negociaciones
La extensión de esta protección silenció la subasta judicial en Delaware, donde ya existía un ganador preliminar. La firma Elliott Investment Management ofreció 5.900 millones de dólares por la matriz de Citgo.
Sin embargo, sin autorización de Washington, la transacción no puede concretarse. La prórroga limita cualquier avance en la venta, manteniendo en suspenso el proceso.
La decisión genera incertidumbre sobre el futuro de Citgo y afecta a las partes que buscan resolver la situación mediante negociaciones. La demora también afecta a los acreedores y las empresas vinculadas que esperan una resolución definitiva para sus intereses.
Reacciones y estrategias legales en marcha
El gobierno venezolano, representado por su equipo legal en EE.UU., impugnó la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito. La estrategia busca revertir la prohibición y reactivar la venta. Empresas acreedoras, como Gold Reserve, también participan en las acciones legales. Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro califica la decisión como un “saqueo”, acusando a EE.UU. de obstaculizar el proceso. Por su parte, Washington usa esta pausa para incentivar un acuerdo de refinanciación. La administración estadounidense ofrece licencias “favorables” para quienes logren reestructurar la deuda, sin desmantelar la empresa. La medida busca equilibrar presión y diálogo.
Una herramienta de negociación y protección
Más que una simple prohibición, la decisión actúa como estrategia de negociación. Extender la protección por más de un año pone presión sobre los acreedores y los gestores de Citgo. La medida les brinda tiempo para alcanzar pactos de pago y evitar una liquidación judicial.
La OFAC aclaró que, durante este período, las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones, específicamente en relación con el bono Pdvsa 2020, están prohibidas, salvo autorización expresa. Esta medida busca mantener la estabilidad y abrir caminos para soluciones negociadas, en un contexto de alta complejidad política y económica.
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