Caracas, 27 de septiembre de 2021.-
A pesar de estar prohibido el uso de las instituciones públicas para promocionar o acompañar campañas electorales, la administración de Nicolás Maduro continúa haciendo uso de sus empresas aliadas para demostrar apoyo a un sector político del país.
Un caso reciente es el de Industrias Diana, nacionalizada en 2008, que en un mensaje a través de Twitter expresaron su apoyo a los candidatos de Nicolás Maduro (Partido Socialista Unido de Venezuela -Psuv-), otra forma de ventajismo político utilizada por los sectores oficialistas en Venezuela.
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“No te pierdas esta tarde la transmisión del Presidente @NicolasMaduro liderando el encuentro con el Comando de Campaña “Aristóbulo Istúriz”, fue el mensaje de la empresa de alimentos, acompañado de un grupo de imágenes de Nicolás Maduro.
Al respecto, el politólogo Nicmer Evans se pronunció señalando que esta irregularidad se repite en todas las empresas que administra el oficialismo.
“Sin ninguna vergüenza instituciones y empresas del Estado utilizando recursos públicos y cuentas oficiales para hacer propaganda electoral“, escribió en su cuenta @NicmerEvans, al tiempo que se preguntó donde estaba la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) para así frenar las arbitrariedades que giran en torno a los comicios del próximo 21 de noviembre.
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¿Qué dice la LOPRE?
La Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) en su artículo 221 señala que, las funcionarias y funcionarios en general, están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, por lo que se les prohíbe “actuar, en ejercicio de la función pública, orientadas u orientados por sus preferencias políticas, a favor o en detrimento de cualquier organización con fines políticos, grupo de electoras y electores, comunidades u organizaciones indígenas, o candidatura alguna”.
De igual modo, queda prohibido “hacer publicidad y propaganda electoral en sus sitios de trabajo y demás dependencias públicas, inclusive mediante el uso u ostentación de la misma por cualquier medio“.
La LOPRE también contempla, que no se permitirá el financiamiento de campañas electorales con recursos provenientes de:
- Donaciones o aportes anónimos.
- Donaciones, aportes o subsidios de organismos o entes públicos.
- Compañías extranjeras o con casa matriz en el extranjero.
La oposición venezolanas y sectores de la sociedad civil en diversas oportunidades han exigido que cesen este tipo de conductas por parte de quienes ostentan el poder.
Por lo que la exigencia de condiciones electorales contempla que las campañas electorales sean equilibradas y los medios y recursos estadales no beneficien a ningún sector en particular.
Otra de las solicitudes es restablecer los derechos políticos a todos los ciudadanos ilegalmente inhabilitados.
Así como también garantizar y facilitar el ejercicio del voto a los venezolanos en el exterior.
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