Como hemos recordado, en marzo de 2023, el hoy preso Maduro anunció la operación «Caiga quien caiga», cuyo estandarte fue el caso PDVSA-Cripto. Este se presentó como una purga heroica y «ejemplarizante contra la corrupción»; sin embargo, tras tres años de supuestas investigaciones, la realidad es demoledora: NO existen pruebas que incriminen a los presos que mantienen Delcy Eloína y Diosdiablo en El Helicoide. Les han violado absolutamente todos sus derechos y las propias cifras oficiales contradicen la famosa suma del «robo» de 23.000 millones de dólares. Esto es matemáticamente imposible.
Para que este desfalco —cifra informada por Maduro, el exfiscal Saab y todo el aquelarre oficialista— fuera cierto, el flujo de caja y el gasto público entre abril de 2020 y marzo de 2023 tendrían que haber sido casi cero. La aritmética elemental desmiente fácilmente tan macabra acusación al comparar dicha cifra con los ingresos y el presupuesto real de la nación en aquel momento.
En este gráfico podemos precisar el absurdo: la cifra de $23.000M representa el 87% de todo el presupuesto nacional (destinado a salud, educación, salarios y servicios, entre otros) durante esos tres años. Si restamos esos millones supuestamente «robados», surge la pregunta: ¿habría sobrevivido el Estado venezolano con tan solo $3.416 millones para cubrir 36 meses de gasto público?
Es físicamente imposible que un país de 30 millones de habitantes, con más de 4 millones de empleados públicos, unos 4 millones de jubilados y pensionados, y su industria petrolera, operen con apenas $94 millones al mes. Las cuentas no cuadran; el botín de los 23.000 millones es una ficción narrativa, un invento de Maduro y los Rodríguez para ocultar la quiebra del país.
El show propagandístico fue acompañado por una supuesta comisión de la Asamblea Nacional que, lejos de ejercer su rol contralor e investigar el caso, terminó siendo el brazo ejecutor de una condena mediática. Ignoraron por completo que el monto denunciado es incompatible con la realidad del PIB, ratificando y amplificando el discurso oficial sin cuestionar el paradero de los activos «recuperados», los cuales no han tenido impacto alguno en el bienestar de la población.
Mientras tanto, 39 seres humanos siguen olvidados en El Helicoide, convertidos en residuos de una lucha de poder interna del PSUV. Asistentes, gerentes, abogados, tecnólogos, empresarios, militares y hasta un exministro permanecen en un limbo inhumano, pues no hay evidencia de enriquecimiento ilícito ni rastro financiero que los vincule a esos fondos. Los acusaron mediáticamente, pero no conocen a sus abogados públicos ni se les permite juramentar defensores privados.
Se encuentran en medio de una aberración jurídica sin precedentes: tres años de cárcel sin audiencias ni juicio. La detención fue una condena anticipada. El plan fue urdido diabólicamente: presentarlos como culpables a través del aparato propagandístico para que no tuvieran dolientes ante el pueblo. Son 39 rehenes de una mentira atroz del gobierno.
Por: Émile Zola
E-mail: SoyEmileZola@gmail.com
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