
La encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, admitió de manera pública que la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia sufrió graves desviaciones durante sus años de vigencia. Rodríguez afirmó que este instrumento legal resulto mal aplicado y que diversos sectores hicieron un uso abusivo del marco punitivo instaurado.
Durante una alocución transmitida desde el estado Portuguesa, la vocera detalló la solicitud formal enviada al Parlamento. La iniciativa gubernamental busca la modificación parcial del texto normativo con carácter de urgencia parlamentaria.
Justificación del régimen y llamado a comunas
Pese al reconocimiento explícito sobre la arbitrariedad en los procedimientos, la funcionaria defendió los fundamentos ideológicos que promovieron su redacción en el año 2017. Subrayó la necesidad de mantener vivos los preceptos de respeto institucional.
La representante instó al pueblo venezolano a transformar de forma progresiva la intolerancia en mecanismos eficientes de entendimiento comunitario. Solicitó de igual forma el respaldo activo de las organizaciones comunales para fomentar un clima propicio para la paz nacional social.
Críticas sociales y propuestas de la oposición
La polémica norma fue aprobada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente chavista y recibió múltiples denuncias internacionales. Distintas organizaciones defensoras de derechos humanos catalogaron el reglamento como una herramienta jurídica diseñada exclusivamente para la persecución de la disidencia política y el amedrentamiento de la prensa.
Ante el anuncio, figuras de la oposición venezolana reaccionaron demandando la derogación total del instrumento legal. Argumentan que la modificación parcial resulta insuficiente para restablecer las garantías ciudadanas pisoteadas en el marco de la aplicación arbitraria judicial.
El debate legislativo iniciará en el parlamento para evaluar el alcance de los artículos sujetos a rectificación institucional. Diversas ONG se mantienen alerta ante la posible ratificación de estatutos penales encubiertos en el nuevo texto legal.
Fuentes consultadas:
Monitoreamos, El Diario, Finanzas Digital, Prensa Oriente, Europa Press / Notimerica, Asamblea Nacional.
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