La Defensora del Pueblo promete revisar casos de presos políticos tras protestas en Caracas

La Defensora del Pueblo promete revisar casos de presos políticos tras protestas en Caracas

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La Defensora del Pueblo prometió revisar los casos de presos políticos en Venezuela tras protestas de familiares que exigen su liberación inmediata.

La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, prometió atender las denuncias sobre los presos políticos en Venezuela. Esta decisión ocurrió luego de una manifestación de familiares frente a la sede principal del organismo en Caracas.

Los allegados de los detenidos exigen respuestas claras sobre el estatus procesal de sus seres queridos. Asimismo, la funcionaria afirmó que su equipo de trabajo recibirá todos los expedientes presentados por las familias.

Sin embargo, González Lobato aclaró que la resolución de varios casos requiere la coordinación directa con otras instituciones del Estado. Las familias esperan que esta promesa se traduzca en acciones concretas y rápidas.

Exigencias de los familiares de presos políticos y defensores

Los manifestantes denunciaron maltratos físicos dentro de los centros de reclusión del país.

Por su parte, la activista Hiowanka Ávila exigió un acompañamiento real por parte de la institución defensora. Paralelamente, el activista Marino Alvarado demandó garantías de seguridad para todos los ciudadanos que ejercen la protesta pacífica.

Estas acciones forman parte de la iniciativa nacional denominada ‘Ruta de las respuestas pendientes’.

Las organizaciones civiles planean extender estas jornadas de protesta hacia distintas ciudades del territorio venezolano. La presión ciudadana busca visibilizar la situación de opacidad judicial que enfrentan los ciudadanos privados de libertad.

La realidad del panorama humanitario actual

La ONG Foro Penal contabiliza actualmente a 328 presos políticos en las cárceles venezolanas. Esta cifra persiste a pesar de las excarcelaciones parciales registradas desde inicios de año.

Por esta razón, las organizaciones de derechos humanos mantienen un monitoreo constante sobre las condiciones de reclusión. Los activistas señalan la urgencia de acelerar los procesos judiciales para evitar tratos crueles o degradantes.

Del mismo modo, los familiares aseguran que continuarán en las calles hasta lograr la liberación definitiva de todos los detenidos. La comunidad internacional también observa con atención el cumplimiento de estos compromisos institucionales.

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