La fundación El Amparo anunció este jueves que denunciará al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ante la Corte Penal Internacional (CPI). Walter Márquez, presidente de la ONG, acusó al mandatario y su cadena de mando por la deportación de más de 200 venezolanos desde Estados Unidos. La verdad es que estos migrantes, señalados como miembros del Tren de Aragua, enfrentan detenciones arbitrarias, según Márquez. En una rueda de prensa virtual, exigió justicia. También recurrirá a la CIDH para pedir medidas cautelares que garanticen el debido proceso y la liberación inmediata. Y es que la situación, cargada de incertidumbre, genera indignación entre los familiares.
Deportaciones bajo escrutinio
Walter Márquez denunció que los venezolanos, recluidos en la cárcel de máxima seguridad Cecot, sufren maltratos. “Están aislados, sin juicio, incomunicados”, afirmó, con un tono de preocupación. La analogía es clara: es como encerrar a alguien sin llave ni explicación. Su viaje a El Salvador, junto a familiares, buscaba visitar a los detenidos, pero las autoridades lo impidieron. “No cometieron delitos en El Salvador”, insistió, cuestionando la falta de pruebas. Además, la ONU alertó en mayo sobre una posible “desaparición forzada” de estos migrantes.
Un grito por justicia
El activista aseguró que los deportados no pertenecen al Tren de Aragua. “Eso debió probarse en EE.UU.”, dijo, con un dejo de frustración. Y es que los habeas corpus presentados no reciben respuesta. “Es un procedimiento que debería ser rápido, pero nada”, lamentó. La situación de los venezolanos, sin claridad legal, es como un laberinto sin salida. Márquez exige que El Salvador investigue de oficio los maltratos. En X, familiares claman por respuestas, mientras la ONU subraya la “completa incertidumbre” sobre el paradero de los detenidos. Este caso pone a Bukele en el ojo del huracán.
Derechos humanos en juego
La denuncia ante la CPI busca responsabilidad por las detenciones. “Bukele y su cadena de mando deben responder”, afirmó Márquez. La presión crece: las autoridades no publican listados oficiales, y los migrantes permanecen en un limbo legal. Y es que, para las familias, cada día sin noticias es una eternidad. Este caso, que combina drama humano y tensiones internacionales, promete mantener la atención global mientras se espera una resolución.
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