(Caracas, 24 de noviembre de 2017).- El candidato a la alcaldía de Caroní del estado Bolívar por la tarjeta UPP89, es el joven Daniel Rodríguez, técnico superior en mecánica industrial, quien fue entrevisto por Aporrea, para conocer la propuesta que presenta a los habitantes del municipio; así como su posición sobre las políticas que se desprenden del gobierno central.
Al respecto, el también miembro de Marea Socialista y ex-presidente de la empresa Briquetera de Venezuela (Briqven) entre 2009-2013, señaló lo siguiente:
CR: Daniel, coméntanos un poco de tu trayectoria política.
DR: Mi participación en la política siempre estuvo orientada al tema sindical y laboral en las empresas básicas de Guayana. En la organización de la clase obrera y los trabajadores. En estos últimos años me he vinculado directamente al trabajo social-comunitario con los consejos comunales y comunas de Ciudad Guayana. Desde el 2007 soy miembro activo de la corriente política, revolucionaria y de izquierda Marea Socialista. Nosotros siempre participamos en el marco del proceso bolivariano dirigido por el presidente Chávez, articulando con diversos sectores sociales y líderes de bases en las comunidades y empresas básicas, pero siempre enviando un mensaje claro y crítico frente a las desviaciones que veníamos denunciando, desde el 2009-2010. Alertábamos que esas desviaciones de corrupción, ineficiencia, cooptación, clientelismo político, etc., traerían consecuencias muy graves para el proceso, como de hecho está ocurriendo en la actualidad.
Y ¿Qué opinión tienes de lo que está pasando en el país? ¿Hay diferencias entre el gobierno de Maduro y el de Hugo Chávez?
La crisis que estamos padeciendo hoy, con el gobierno del presidente Maduro, es una profundización y consolidación de esas desviaciones políticas, económicas y sociales, las cuales han generado una desvirtuación profunda de todo el proceso político de cambio que insurgió con el presidente Chávez en el 98’. Desde hace cuatro años hemos denunciado un terrible desfalco a la nación de más de 500.000 millones de dólares fugados del país, que representan 10 años de presupuesto nacional sin importar un solo barril de petróleo. Ante este hecho el gobierno ha tenido una postura sumisa. Esta crisis no tiene ningún tipo de justificación. La corrupción en PDVSA que viene develando el Fiscal general de la República, Tarek William Saab, es a penas la punta del iceberg, comparado al robo que ha sufrido la república y del cual son parte aquellos sectores políticos enquistados en la estructura del estado.
Todo eso se ha traducido en un incremento de la pobreza y la desigualdad social, a nivel nacional y con una fuerte expresión en nuestro estado. La conquista con el proceso del “salario más alto de Latinoamérica” ha quedado prácticamente en el olvido. Hoy el sueldo está tan deteriorado que estamos niveles tan bajos como los de Haití. La situación es tan grave que con los últimos anuncios de incremento salarial y de normalización del precio de la carne el ingreso mínimo de los venezolanos ya equivale a menos de 13 kilos de carne mensuales. Esto sin contar necesidades de medicinas, vestimenta y transporte.
A la par, vemos como el gobierno nacional se ha convertido en un fiel pagador de una deuda externa que el pueblo venezolano no generó. El propio ejecutivo ha afirmado que en 3 años se han pagado más de 70.000 millones de dólares en deuda externa, implicando una reducción criminal del 70% de las importaciones en los últimos 4 años. Al ser tan dependientes del petróleo, esta política ha deparado en una fuerte escasez de alimentos y medicinas que necesitan todas las familias de nuestro pueblo. Sumado a esto, el gobierno ha optado por la aplicación de una serie de planes neoliberales y extractivistas que representan una entrega de la soberanía nacional y un empeoramiento de la situación.
¿A qué planes te refieres? ¿Por qué afirmas que son neoliberales?
Existen varios. Uno de los más emblemáticos para nuestra región de Guayana es el proyecto Arco Minero del Orinoco (A.M.O). Actualmente, la minería a pequeña y mediana escala está trayendo como consecuencia un alto grado de deforestación y devastación de los principales bosques y selvas de nuestro territorio. Está afectando uno de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo, exponiendo a un alto riesgo nuestra hermosa Gran Sabana y el Parque Canaima. Se están contaminando los principales ríos del Estado Bolívar: La paragua, Yuruari, Aro, Caroní, Caura, Orinoco. Sumado a esto, se está dando una expansión alarmante de epidemias nacionales de paludismo y difteria, consecuencia directa de la actividad minera.
Y ante este escenario caótico y preocupante el gobierno decide emplear un proyecto mega-minero y llamar a 150 empresas transnacionales para que exploten nuestros recursos, desbasten nuestro territorio y contaminen nuestros ríos en una mayor magnitud. Pues no estoy de acuerdo. Estos planes extractivistas y mega-mineros se enmarcan en una entrega de la soberanía y de recursos minerales para continuar pagando la deuda externa. Es más, es un hecho concreto, luego de 20 meses de aprobado el decreto del A.M.O la situación en el Estado Bolívar está cada vez peor.
Yo no estoy en contra de la minería, pero la realidad es que dicho proyecto sigue marginalizando y pauperizando las condiciones del pequeño minero y las poblaciones de los pueblos del sur, y generando unas consecuencias atroces para las actuales y próximas generaciones. Necesitamos una gestión pública que organice e incluya al pequeño minero y le ofrezca soluciones reales y concretas en sus comunidades, y alternativas productivas y rentables a la minería. Una gestión que determine las áreas de explotación minera y las áreas protegidas. Una política de gestión ambiental que proteja nuestros ríos y sus principales afluentes.
El país atraviesa una crisis muy fuerte de hambre producto de la escasez de alimentos, y por como se está ejecutando, el proyecto A.M.O está desplazando y deteriorando toda la actividad agrícola, ganadera y pecuaria del Estado Bolívar. Estas son actividades fundamentales para hacer frente a los altos índices de desnutrición, y desde las instituciones regionales no existe ningún tipo de incentivo real. Vea la entrevista completa en Aporrea.org.
