Caracas, 08 de octubre de 2021. Este viernes se cumplen 3 años del asesinato del exconcejal de Caracas, Fernando Albán, quien murió mientras estaba bajo custodia de funcionarios policiales en la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, luego de ser detenido en el aeropuerto internacional Simón Bolívar en el estado Vargas.
Por su parte, el exconcejal de Caracas, Jesús Armas, declaró desde las cercanías de la sede de SEBIN este viernes que “hoy estamos aquí para recordar la vida de Fernando Albán, su lucha por la democracia y que dio su vida por la libertad de los venezolanos”.
Agregando que “hoy venimos acá a exigir la libertad para todos los presos políticos, justicia para cada uno de los venezolanos cuyos derechos humanos han sido vulnerados, y por último recordar que Fernando Albán y todas las víctimas de la tiranía no serán olvidados”.
Julio Borges, canciller de la administración de Juan Guaidó resaltó en un video publicado en las redes sociales que “el concejal fue víctima de torturas y lanzado desde el piso 10 de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela”.
Añadiendo que “incluso, el caso Alban, fue uno de los evaluados en el informe de la ONU sobre Venezuela, en el que se vincula a altas autoridades del régimen y al mismo Nicolás Maduro, en crímenes de lesa humanidad”.
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Misión de la ONU
La Misión de determinación de los hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, concluyó que tiene motivos razonables para creer que en el caso Albán “… se cometieron arrestos y detenciones arbitrarias… murió mientras estaba bajo la custodia de las autoridades del SEBIN, lo que también implica una presunción de responsabilidad del Estado.”
Asimismo, la Misión independiente manifestó sus “… fuertes reservas acerca de la calificación de suicidio en relación con la muerte del Sr. Albán y tiene motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida.”
Ministerio Público
En unas declaraciones del Fiscal General, se informó que el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios del SEBIN que lo custodiaban, por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga de detenido. Con estas declaraciones quedó establecido que el concejal no se suicidó tal como lo había sostenido la primera versión del MP. En las declaraciones no se evidencia que fuesen tomadas medidas por estos hechos contra la cadena de mando.
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