Caracas, 29 de octubre de 2021. Este viernes se cumplen 33 años de la denominada “Masacre de El Amparo”, donde 14 pescadores fueron asesinados por efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP), en el sector conocido como Caño La Colorada en el estado Apure.
Aquella mañana fueron asesinados José Indalecio Guerrero, Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Maldonado Ovadias, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado. Todos ellos humildes personas venezolanas residentes casi en su totalidad en la población de El Amparo.
Solo dos pescadores, Wolmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias, lograron escapar de la emboscada. Gracias a sus testimonios fue posible refutar la versión oficial que aseguraba que se había producido un “enfrentamiento” con un grupo de colombianos del ELN, detalló la ONG Provea.
El CEJAP estaba integrado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y miembros de las Fuerzas Armadas.
Un caso que traspaso fronteras
La ONG para la defensa de los DDHH explicó que ante la evidente actuación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar, el caso de la masacre de El Amparo fue presentado en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. El 10 de agosto de 1990, la Comisión Interamericana abrió el caso asignándole el número 10.602. Durante tres años y dos meses el caso fue procesado en esta instancia, destacándose en todo ese lapso una conducta por parte del Estado venezolano orientada a obstaculizar la posibilidad de obtener justicia.
El 12 de octubre de 1993, es decir, casi al cumplirse cinco años de la masacre, la CIDH de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos, publicó un Informe en el cual recomendaba al gobierno de Venezuela -presidido por Ramón J. Velásquez- que investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores, y a su vez que se indemnizara a las víctimas.
Luego que los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velázquez incumplieran las recomendaciones de investigación y sanciones a los responsables, la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 1994.
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