En Venezuela, el cierre de los centros de detención de personas privadas de libertad ha sido una práctica institucionalizada por el Estado para erradicar los males que tiene el sistema penitenciario, con el cual pretenden enajenar o expulsar los grandes males de nuestros centros penitenciarios o de prisión preventiva.
Desde la implosión del Retén de Catia un 16 de marzo de 1997, bajo el segundo mandato de Rafael Caldera, con un gran acto público, con una cobertura extraordinaria de medios de comunicación social, con globos y con música que anunciaban el fin del desastre penitenciario que vivía Venezuela en aquellos momentos, hasta la actualidad, no es mucho lo que ha cambiado.
Esta práctica de cierres y demoliciones de centros de reclusión, se ha venido repitiendo con la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario en julio de 2011, cuando la designada como responsable de ese Ministerio, la ahora diputada María Iris Varela, inició el cierre masivo de recintos carcelarios de una manera descontrolada. Con ello inició la más grave situación penitenciaria que ha vivido Venezuela en toda su historia.
Solo durante la gestión de Iris Varela se cerraron 10 recintos:
- Internado Judicial La Planta (Caracas): mayo 2012
- Internado Judicial de Coro (Falcón): octubre 2012
- Centro Penitenciario Sabaneta (Zulia): septiembre 2013
- Internado Judicial Los Teques (Miranda): enero 2014
- Internado Judicial de la Región Insular de San Antonio (Nueva Esparta). Febrero 2016
- Penitenciaria General de Venezuela. San Juan de los Morros, (Guárico): septiembre 2016
- Internado Judicial “Los Pinos”. San Juan de los Morros (Guárico): septiembre 2016
- Internado Judicial de San Fernando (Apure): abril 2018
- Centro de Detención Judicial de Amazonas (CEDJA) en Puerto Ayacucho (Amazonas): agosto 2018
- Centro Penitenciario de los Llanos (CEPELLA). Guanare (Portuguesa): mayo 2020.
El cierre de todos estos recintos carcelarios, sin abrir nuevos sitios de reclusión, ha sido la causa principal de que los centros de detención preventiva del país se hayan convertido en las nuevas cárceles venezolanas.
La crisis en los centros penitenciarios venezolanos llegó a tal magnitud que Nicolás Maduro se vio en la obligación de crear en junio de 2021 una Comisión para la Revolución Judicial, cuya misión principal es eliminar el retardo procesal y hacinamiento de estos centros, trabajo que se debía terminar en 60 días pero que aún no ha concluido.
En octubre de 2021 volvimos a presenciar otra demolición la del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, conocido como el Retén de Cabimas, símbolo del horror carcelario que se vive en los centros de detención preventiva de Venezuela.
Lamentablemente la demolición de este último recinto no solucionará el problema penitenciario venezolano. Como tampoco lo solucionaron la implosión del Retén de Catia, ni el cierre de 10 cárceles por Iris Valera. Parece estar claro que la solución no es ni cerrar, ni demoler cárceles.
Es el hacinamiento, el retardo procesal, la falta de atención a la salud de los privados de libertad, la escasez de alimentos, el acceso al agua, las enfermedades como tuberculosis y desnutrición como primera causa de muerte, la corrupción, el pranato y la violencia intracarcelaria, son algunos de los factores que reflejan la crisis del sistema penitenciario actualmente, según advirtió el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en su último informe anual de 2021, publicado este mes.
En conclusión, mientras no se creen programas de atención a los reclusos que contribuyan a lograr la reinserción social de estos, el respeto a sus derechos humanos, la eliminación del retardo procesal y la profesionalización del personal de prisiones, entre otras, la situación no mejorará y seguiremos viendo shows mediáticos como el del Retén de Catia o el Retén de Cabimas, que no solucionan el problema, sino que solo lo trasladan de un sitio a otro.
Síguenos a través de nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook y YouTube
